Desde la asociación de seguridad privada ASP/92 no teníamos ninguna intención de opinar sobre la decisión de los gobiernos central y vasco de sustituir a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los escasos servicios de protección a amenazados por ETA que hasta este momento realizaban, por profesionales de la seguridad privada. Ya que, como es lógico, nos parece muy acertada.
Dado el cariz que están tomando los acontecimientos, queremos lo primero, reivindicar que si la banda terrorista, está como está y no ha realizado más actos terroristas, en parte y aunque sea en una porción pequeña, algo habrá influido que casi el 90% de los amenazados por la banda terrorista en el País Vasco y algo más del 95% en la Comunidad Foral de Navarra, están protegidos en última instancia por profesionales de la seguridad privada, desde hace ya más de diez años.
Los escoltas privados trabajan siempre apoyados por medios y personal de las fuerzas de seguridad del EstadoAdemás, queremos decirle a los políticos que están pensando en rechazar esa protección debido al cambio antes mencionado, que pregunten al resto de sus compañeros de partido, qué opinan de ello o, mejor aún, que si se creen diferentes o de más categoría para que, estando en la misma situación de amenaza, tengan que ser tratados de forma distinta.
También queremos añadir que la protección que ejercen los escoltas privados en todos estos casos siempre está apoyada por los medios y personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como por ejemplo: con inhibidores de frecuencia, contra-vigilancias y demás medidas que no creemos oportuno mencionar.
Es habitual que en los cursos de reciclaje que realizamos, impartidos muchos de ellos por personal de la Policía Nacional y Guardia Civil, se nos comente que somos los más adecuados para este tipo de servicios, ya que es para lo que se nos prepara e instruye constantemente y para lo que se creó la figura del escolta privado.
Como hemos dicho al principio, creemos que esta medida es muy acertada, ya que con ella se deja libres para otros cometidos, como seguridad ciudadana, control de masas, tráfico, etc., a los profesionales de la seguridad pública que tienen un tipo de formación más específica para todos estos temas y en los que debido a la situación de crisis actual, hay una fuerte demanda por parte de la sociedad en general.
Esperamos que esta medida sea implantada paulatinamente en todos las comunidades autónomas, ya que está sobradamente demostrado que es eficaz y más asequible.
La negociación, de empezar antes del vencimiento, duraría hasta 15 meses
Defiende el arbitraje para resolver medidas de descuelgue salarial
Las patronales CEOE y Cepyme proponen a los sindicatos que los convenios colectivos no puedan prorrogarse más de nueve meses una vez hayan vencido, plazo a partir del cual se procedería a un arbitraje voluntario, a incluir el convenio en una unidad de carácter superior o a su desaparición.
La negociación debería comenzar con una antelación de seis meses en el caso de los convenios de tres o más años de duración; de cuatro meses para los de dos años y de dos meses para aquellos que no han sobrepasado el año.
Una vez vencido el convenio, los empresarios apuestan por eliminar la 'ultraactividad' y otorgar unos plazos límite idénticos para su vigencia: desde dos meses para los convenios de un año hasta seis meses como máximo para los de tres o más años de duración.
Ahora bien, existiría la posibilidad de una prórroga acordada por las partes del 50% del periodo máximo de vigencia establecido, con un máximo de tres meses.
Como resultado, ningún convenio podría seguir vigente nueve meses después de su vencimiento y el plazo máximo de negociación, contando desde la denuncia, sería de 15 meses.
Arbitraje por el descuelgue salarial
En materia de flexibilidad interna, la patronal cree que la mediación y el arbitraje deben resolver los conflictos sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en concreto los casos de descuelgue salarial.
En ausencia de estos procedimientos, abogan por incluir en los convenios la opción de que los empresarios puedan tomar decisiones y sólo informar a los trabajadores.
Para los supuestos más "temporales", en los casos de la regulación de los tiempos de trabajo o movilidad funcional, CEOE-Cepyme propone vía libre para el empresario "cuando sea posible".
Por otro lado, los empresarios defienden una vez más la necesidad de reforzar los convenios de empresa, sin perjuicio de la existencia de un nivel supraempresarial, especialmente pensado para las empresas de pequeño tamaño que "pueden no estar interesadas en tener convenio colectivo propio".
Por último, CEOE-Cepyme insiste en que debe excluirse durante dos años la aplicación de los convenios a los denominados nuevos emprendedores cuando su número de empleados sea inferior a los seis trabajadores.
Comisiones paritarias
Los sindicatos apuestan por su parte por reforzar las comisiones paritarias, punto en el que los empresarios no ponen ninguna objeción.
Ahora bien, su participación debe ser prioritaria a la de cualquier arbitraje, mientras que los empresarios concretan que la intervención de estas comisiones no debe "perjudicar o limitar" otras posibles alternativas de solución de conflictos.
Los sindicatos reclaman que los acuerdos de las comisiones paritarias exijan, a propuesta de las centrales, el voto a favor de la mayoría de cada una de las representaciones, si bien deja la puerta abierta a que los convenios, para "determinados supuestos", puedan exigir mayorías más cualificadas.
En un segundo término, los sindicatos aceptan conceder eficacia "normativa directa" a los órganos extrajudiciales, algo en lo que parece estar de acuerdo también la patronal. Además, proponen que estos órganos puedan constituirse en paritarios sectoriales y apuestan por constituir un registro consensuado de mediadores, integrado por personas de reconocido prestigio.
Tras e estreno de un nuevo año, las empresas de servicios pujan por hacerse con nuevos contratos, casi siempre a costa de bajar los precios. No son ajenas a esta práctica las empresas de seguridad, las cuales, fieles a su pésima reputación, no dudan en incurrir en la ilegalidad si es necesario con tal de mantener y/o contratar nuevos clientes.
Los vigilantes de seguridad luchan desde hace años con un 'cáncer' llamado auxiliares, los cuales, por ley, tienen absolutamente prohibida la realización de las tareas propias de los vigilantes de seguridad, tales como realizar controles de accesos en instalaciones, la vigilancia y custodia de recintos privados, el requerimiento de identificaciones personales a través del DNI, etcétera, funciones éstas asignadas por ley a los vigilantes de seguridad.
Pues bien, el caso es que estos auxiliares se ofertan a las empresas a mucho menor precio por hora que los vigilantes, por lo que se ha hecho común en nuestros días su contratación, usurpando las funciones propias únicamente de los vigilantes.
La Ley de Seguridad Privada castiga estas prácticas con multas muy severas, tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes de estas empresas y a los propios auxiliares. Para llevar a cabo estas sanciones, la Policía Nacional dispone de un departamento de seguridad privada que tiene como misión, entre otras, la realización de inspecciones periódicas con el fín de velar porque se cumpla la ley, pero, como casi todo en este país, los intereses personales y los amiguismos priman en muchas ocasiones sobre las propias leyes.
Hace pocas fechas, en la empresa Duro Felguera, sita en la travesía del Mar, de Gijón, se redujo drásticamente la jornada laboral de los tres vigilantes armados para colocar en su lugar auxiliares, los cuales 'supuestamente' se encuentran realizando las labores de éstos en un control de accesos que se encuentra a la vista de quien lo quiera comprobar con sus propios ojos.
Lo peor del asunto es que también 'supuestamente' (como se suele decir ahora en televisión, si no quieres que te 'emplumen' con denuncias), ya ha habido una inspección a esta empresa por parte del departamento de seguridad privada de Gijón y, tras una 'amigable' charla con la gerente, se ha mirado para otra parte, ignorando, a su vez y para mayor gravedad, el hecho de que estos auxiliares realizan algunas horas nocturnas, lo cual también tienen prohibido por ley. Yo me pregunto: ¿hasta dónde vamos a llegar?
Por mi parte, ya he emprendido acciones legales, previa denuncia en la Delegación de Gobierno, entre otros estamentos, para intentar evitar este tipo de abuso contra el trabajador. Supuestamente.
El Grupo Eulen, líder en toda España en la prestación de servicios generales a empresas, presente en 12 países y con una plantilla de más de 82.000 empleados y un volumen de negocio superior a los 1.300 millones de euros, cerró el ejercicio 2010 en Canarias con un volumen de ventas de 43,49 millones de euros. Así lo dieron a conocer ayer, en un encuentro con los medios, Francisco de Arnedo, director nacional de marketing, y Fernando López-Cuervo, director del grupo en la provincia oriental.
Con una plantilla de 2.081 empleados en toda la Comunidad Autónoma, la compañía, que en el pasado ejercicio ha experimentado un crecimiento del 24,9 por ciento, está presente a través de sus siete líneas de negocio: limpieza, seguridad, servicios sociosanitarios, auxiliares, trabajo temporal, mantenimiento y medio ambiente.
El grupo se encuentra entre los diez primeros empleadores de la comunidad autónoma, con un volumen de negocio casi equilibrado entre las dos provincias (23 millones en Las Palmas y 20 en Santa Cruz de Tenerife) y con un proyecto de expansión que se centrará en las islas no capitalinas.
Presente en las Islas desde hace 40 años, cuenta con clientes como El Corte Inglés, AENA, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, la UNED, las empresas portuarias y los cabildos insulares, entre otros.
Un pontevedrés de 40 años y con antecedentes policiales, P.A.M.F., ha sido arrestado por la Policía Nacional como autor de un violento robo en un supermercado de Cobián Roffignac.
El suceso se produjo el pasado miércoles después de que empleados del establecimiento observaran como el sospechoso, en la zona de bebidas alcohólicas, manipulaba varias botellas. Sin embargo, al abandonar el establecimiento un vigilante se percató de que, en la cesta de la compra, únicamente llevaba botellines de cerveza.
Ante esta situación, el trabajador le preguntó por las otras botellas. Según la portavoz de Comisaría, ante esta cuestión, respondió «de manera brusca, propinándole un fuerte empujón y tratando de salir corriendo, llegando, incluso, a darle un puñetazo en un ojo».
Minutos después, P.A.M.F. era detenido por agentes nacionales.
Hurtos de ropa
El mismo miércoles, el centro urbano fue escenario de nuevos hurtos de ropa. En este caso, dos vecinas de O Vao, en Poio -S.S.D., de 28 años, e I.R.M., de 26- fueron sorprendidas ocultando varias prendas de vestir en sus respectivos bolsos cuando salían de una tienda.
Una mujer de San Sebastián, apuñalada por su expareja hace cuatro años, llevará escolta durante tres días porque su agresor saldrá de la cárcel para disfrutar de un permiso penitenciario.
Curso de guías caninos con agentes de toda España. Santa Pola se ha convertido estos días en el centro de encuentro de agentes llegados de 25 municipios de la Comunidad y de poblaciones de distintas zonas de España con el objetivo de formar a los profesionales en el patrullaje con perros policías.
Imagen de uno de los momentos del curso simulando una detención con el acompañamiento de un perro adiestrado. información
Aprender a trabajar con un perro adiestrado en la búsqueda de drogas y en la detección de explosivos. Con ese objetivo, la Jefatura de la Policía Local de Santa Pola se ha convertido estos días en el punto de encuentro donde se ha impartido por primera vez un curso de preparación de guías caninos. Desde el martes hasta hoy, un total de setenta y cinco profesionales encargados de velar por la seguridad de la población, entre policías nacionales y locales, guardias civiles y vigilantes de seguridad privada han participado en el curso organizado por el Ayuntamiento de Santa Pola y la Unión Federal de Policía y en la que ha participado, además, la Unidad Canina de Alicante. Llegados de veinticinco municipios distintos de la Comunidad Valenciana y de otros puntos como Burgos, Palma de Mallorca y Murcia, los agentes han aprendido las claves para trabajar con perros adiestrados "que permiten incrementar la vigilancia en lugares públicos, controles policiales, salidas de colegios etc.", explica Luis Miguel Viso, agente de la Policía Local y uno de los organizadores del curso. Un paso más para que los agentes puedan estar preparados ante la posiblididad de que se creara una Unidad Canina en Santa Pola.
La compañía de seguridad privada Casesa ha conseguido la adjudicación para 2011 de los servicios de vigilancia y seguridad de 41 instalaciones del Ejército de Tierra de España, según ha informado la empresa en un comunicado.
Entre las localizaciones de las que se hará cargo la compañía destacan 13 instaladas en la Comunidad de Madrid, tres en Cataluña, cuatro en Andalucía, seis en Aragón, cuatro en Castilla-La Mancha y cuatro también en Castilla y León.
Asimismo, también se ocupará de la seguridad de dos bases en la Comunidad Valenciana, dos en Baleares y una en cada una de las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia, Cantabria, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, este contrato supondrá la subrogación de cerca de 157 personas.
"Trabajar con el Ejército es una responsabilidad de enorme envergadura. Igual que ellos velan por la seguridad del país, nosotros lo haremos por la de sus instalaciones", ha destacado el director general de la sociedad, Francisco Javier García Saldaña.
Casesa, que cerró 2010 con una facturación de más de 140 millones de euros, un 7% más que el ejercicio anterior, mantiene como objetivo posicionarse en cinco años entre las principales compañías de seguridad de España.
Por la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía
Los llamados Procesos de Integración de Entidades Financieras (PIEF) son una constante del mundo mercantil y financiero que se ha venido produciendo en España a lo largo del tiempo con total normalidad. Este tipo de procesos, que obedecen a la lógica del mercado, se encuentra de actualidad debido a la coyuntura económica que afecta, especialmente, al sector de las entidades financieras, bancos y cajas. En nuestro país, se encuentran particularmente centrados en las cajas de ahorros, siendo impulsados a través del Sistema Institucional de Protección (SIP) por parte del Banco de España, como autoridad competente en la materia. Estos procesos, además de los efectos jurídico-contables que están en su origen o motivación, pueden presentar también derivaciones en el terreno de la seguridad privada, a la que este tipo de entidades financieras vienen legalmente obligadas. En razón de estos posibles efectos colaterales en el ámbito de la Seguridad Privada, y al objeto de despejar eventuales dudas y dotar del mayor grado de certeza posible las decisiones de los directores de Seguridad de estas entidades, en cumplimiento del artículo 35.g) de la Ley 30/92, en relación al derecho de información al ciudadano, por el presente informe se procede a participar a los interesados la posición de la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, en su condición de autoridad nacional de control, con respecto a los principales aspectos normativos de seguridad privada que pueden resultar afectados por este tipo de procesos.
Los Procesos de Integración de Entidades Financieras (PIEF)
Lo que en este informe hemos venido en denominar como PIEF (Procesos de Integración de Entidades Financieras) están constituidos, fundamentalmente, por el denominado SIP (Sistema Institucional de Protección), que representa una alternativa a las integraciones clásicas entre entidades financieras. El proceso de integración en forma de SIP, también llamado fusión fría o impropia, consiste en que cada una de las entidades participantes en el mismo cede parte de su actividad, de su estructura, de sus servicios, de su autonomía financiera, en definitiva, al SIP, que se encargará desde entonces de gestionarlo. La cabeza visible de este SIP puede ser una de las entidades integradas o bien una sociedad mercantil elegida entre todas; de forma tal que este tipo de fusiones frías puede presentar dos modalidades: a) SIP por agregación simple, por el que se mantienen independientes todas las entidades que se han unido, conservando cada una su propia personalidad jurídica. b) SIP por agregación compuesta, que tiene lugar cuando da origen a una entidad financiera nueva, preexistiendo, además, todas las entidades en él integradas, con su propia personalidad e independencia. Al margen de la forma concreta que se adopte de las dos anteriores, lo que resulta común a ambas para la validación del SIP por el Banco de España es la fijación y cumplimiento de unos mínimos requisitos: puesta en común del 40 por ciento de los recursos propios y, al menos, 10 años de permanencia. La fusión fría del cien por cien de los beneficios y de los recursos propios es una garantía de que no hay vuelta atrás. Frente a este tipo de fusiones frías o SIP se encuentran los procesos más tradicionales de integración o fusiones calientes, de los que cabe distinguir dos modalidades: a) La fusión por novación o fusión propiamente dicha, por la que se produce el surgimiento de una entidad nueva y la consiguiente desaparición de todas las entidades que forman parte de la fusión. b) La fusión por absorción, que se produce cuando una entidad que conserva su personalidad jurídica íntegra absorbe a otra u otras, que desaparecen y quedan materialmente disueltas al aportar a aquélla todos sus activos y pasivos.
A efectos informativos, los principales SIP y fusiones de los que se tiene conocimiento son los siguientes: 1. Banco Financiero y de Ahorros (Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja y Caixa Laietana). 2. Banco Base (CajaAstur+CCM, Caja Extremadura, CAM y Caja Cantabria). 3. CatalunyaCaixa (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa). 4. NovacaixaGalicia (Caixa Galicia y Caixa Nova). 5. Banca Cívica (Caja Navarra, Caja Sol+Caja Guadalajara, Caja Burgos y Caja Canarias). 6. Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Panadés y Sa Nostra). 7. Espiga (Caja Duero y Caja España). 8. Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y Caixa Manlleu). 9. BBK Bank (BBK y Caja Sur). 10. La Caixa (Caixa Girona). 11. Unicaja (Caja Jaen). 12. CAI+Caja Círculo de Burgos+Caja Badajoz 13. Cajamar (Caixa Rural de Balears). 14. Banco Sabadell (Sadabellatlantico, Sabadellsolbank, Banco Herrero, Banco Urquijo, Activobank y Banco Guipuzcoano).
Principios orientadores de la actuación policial
Como hemos dicho anteriormente, este tipo de procesos de integración, ya sea en forma de fusión fría o de fusiones calientes, en cualquiera de las modalidades descritas para ambos casos, puede derivar en una mayor o menor afectación al ámbito de la Seguridad Privada, de la que las entidades financieras resultan ser el principal sujeto obligado al cumplimiento de determinadas medidas de protección. Como declaración de principios dirigida a infundir la necesaria confianza y tranquilidad a los directores de Seguridad del sector financiero afectados por este tipo de procesos de reorganización, de importancia crucial para la estabilidad económica de España, la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada contempla estos procesos bajo los siguientes parámetros orientadores de su actuación: 1º. Las actuales medidas de seguridad de las que disponen estas entidades y los consiguientes niveles de seguridad alcanzados se consideran adecuados y conformes a la normativa vigente sobre la materia y no necesitados, en consecuencia, de reevaluación o comprobación policial obligatoria. 2º. La envergadura, complejidad y trascendencia económica y social de estos procesos no deberá resultar dificultada por cuestiones normativas accesorias o susceptibles de una interpretación conforme a la normativa vigente. 3º. La actuación de control policial acompañará, en todo supuesto y situación, los procesos de integración, adaptando, en consecuencia, las decisiones a las necesidades y al ritmo que éstos requieran.
Afectación a la Seguridad Privada de los PIEF
Sentadas las anteriores bases, y sin intención de exhaustividad ni ánimo de agotar toda la posible casuística que pueda plantearse, puede convenirse que las principales cuestiones giran en torno a las materias normativas que pasamos a considerar a continuación: Los departamentos de Seguridad Conforme establece la reglamentación de Seguridad Privada, en todos los bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito existirá un departamento de Seguridad, que tendrá a su cargo la organización y administración de la protección de dicha entidad. El departamento de Seguridad obligatoriamente establecido, como es el caso de las entidades financieras, será único para cada entidad, empresa o grupo empresarial y tendrá competencia en todo el ámbito geográfico en que éstos actúen. En aquellas entidades en las que éste se caracterice por su gran volumen y complejidad, existirá en su seno, bajo la Dirección de Seguridad, a la que corresponderán las funciones del director de Seguridad, la estructura necesaria con los escalones jerárquicos y territoriales adecuados, al frente de los cuales se encontrarán los delegados correspondientes. Vista la regulación fundamental que a este respecto realiza la reglamentación de Seguridad Privada, la consecuencia que se está produciendo, motivada por el cambio generado por las fusiones entre diferentes entidades financieras, va a dar lugar a situaciones nuevas en relación con los departamentos de Seguridad existentes en la actualidad en estas entidades. El problema fundamental deriva de las denominadas fusiones frías o SIP dado que en ellas perduran las entidades financieras que las conforman y, aunque en teoría no dejan de formar un tipo de fusión, su resultado, en un futuro, es difícilmente previsible, ya que podría concluir bien en una fusión propiamente dicha, formándose con ella una nueva entidad y perdiendo, por tanto, las condiciones que en origen dieron lugar a la unión, o, por el contrario, en una separación de todas o alguna de las entidades que conformaron esa fusión, recuperando ésta o éstas últimas su independencia absoluta respecto a la situación anterior. Esto obliga a plantearse la conveniencia o no de considerar si, a pesar de estas fusiones y mientras no se consoliden dando lugar a una entidad única, deberían permanecer con sus departamentos de Seguridad independientes o constituir uno único, a los efectos de cumplir con la obligación recogida en el artículo 116 del Reglamento de Seguridad Privada. Dado que este tipo de fusiones no supone una consolidación de la situación creada, y teniendo en consideración que mediante la formación de un SIP se salvaguardan, en cada una de las entidades que conforman estas fusiones aspectos vitales para éstas –como mantener la personalidad jurídica, lo que les permite, en algunas situaciones, actuar de forma autónoma–, podría considerarse el mantenimiento de los departamentos de Seguridad de cada una de las entidades que han dado lugar a la fusión, teniendo que crear un nuevo departamento en el supuesto de que una de las consecuencias de la fusión hubiera sido la creación de una nueva entidad de crédito. También existiría la posibilidad de unir los departamentos de Seguridad de cada una de las empresas que forman parte de la fusión, creando uno único, que delegaría, si así se considera, las funciones del director del mismo en directivos de Seguridad que serían los responsables de cada una de las entidades fusionadas. Respecto a las fusiones calientes, éstas no presentarían ningún tipo de problema porque su consecuencia es la creación de una entidad financiera única, teniendo que dar de baja los departamentos de Seguridad de las entidades que han desaparecido, dejando uno solo con su director al frente del mismo, con o sin directores de Seguridad delegados.
Los directores de Seguridad La reglamentación de Seguridad Privada, además de establecer las funciones que corresponden a los directores de Seguridad, refiere que en cada departamento de Seguridad constituido deberá encontrarse a su frente, obligatoriamente, un director de Seguridad, que podrá tener delegados. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente para el caso de los departamentos de Seguridad, respecto del director de Seguridad interesa ahora únicamente decir que éste podrá ser titular de uno o de varios departamentos de Seguridad de una misma entidad o grupo empresarial o de varios, con o sin delegados, correspondiendo esta decisión a la propia entidad, que, en todo caso, habrá de comunicarlo a la autoridad policial de control.
Las medidas de seguridad Las medidas de seguridad de las que obligatoriamente deben dotarse las entidades de crédito en todas sus oficinas, y que obligatoriamente deben ser inspeccionadas por la autoridad policial de control para su autorización, conforman la seguridad de la instalación que permite que en la misma pueda desarrollarse el negocio financiero. En este sentido, la aprobación y consiguiente autorización de una oficina financiera otorga al titular de la misma la posibilidad de poder llevar a cabo el negocio en dicha instalación mientras se mantengan en correcto funcionamiento las medidas y sistemas de seguridad existentes en la instalación. En consecuencia, las autorizaciones de apertura de una oficina se mantienen independientemente de quién sea el titular de la instalación y siempre que permanezcan inalteradas sus condiciones de funcionamiento. En los casos de cambio de denominación de una oficina bancaria, con independencia de quién sea el nuevo titular, no será necesario que se solicite nueva autorización, dado que ésta se concede al lugar donde se desempeña la actividad autorizada, debiendo ser la Delegación o Subdelegación del Gobierno, la que, a solicitud del interesado, expida, si lo considera necesario, un documento con el cambio de titularidad de la misma. Por lo tanto, tampoco será obligatoria la inspección de la oficina salvo que, por cualquier causa, se considere oportuno realizarla. Ahora bien, en el caso de que la oficina, con el mismo o distinto titular, modifique su actividad (ejemplo: de oficina operativa con manejo de efectivo a simple oficina comercial) o las medidas de Seguridad de la instalación en los términos del artículo 136 del Reglamento de Seguridad Privada, le será de aplicación lo previsto para el caso de las reformas en la Circular 1/2009 en sus distintos supuestos. Por último, el cierre de cualquier oficina de una entidad financiera (no la mera modificación de actividad bancaria o la de las medidas de seguridad instaladas), supondrá la pérdida de la autorización. En caso de que alguna entidad financiera pretenda de nuevo reabrirla, necesitará solicitar de nuevo ésta, por los procedimientos normativamente establecidos. Esto es: si la oficina se cierra al uso financiero, perderá la autorización administrativa que hasta ese momento mantenía, debiendo obtener una nueva para el caso de una futura apertura por la misma entidad o por otra distinta.
Los contratos de Seguridad Conforme dispone la reglamentación de Seguridad Privada, los contratos de seguridad, que han de comunicarse a la autoridad policial competente en la forma y plazos establecidos, deben contener, entre otros datos, la identificación concreta de las partes contratantes. Como quiera que las entidades financieras resultan ser el principal sujeto obligado a disponer de medidas y servicios de Seguridad Privada, lo que da lugar a un enorme volumen de contratación, resulta necesario tomar en cuenta esta realidad a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones de comunicación derivadas de la contratación de servicios de Seguridad. En atención a lo anterior, los contratos de seguridad suscritos con anterioridad a los procesos de integración de estas entidades financieras se irán adaptando paulatinamente a las nuevas realidades jurídicas de las entidades financieras resultantes de los procesos a medida que se vayan produciendo las correspondientes renovaciones contractuales, subsistiendo vigentes, mientras tanto, los anteriormente formalizados y comunicados a la autoridad policial de control.
Las centrales de alarmas Conforme establece la reglamentación de Seguridad Privada, los bancos, cajas de ahorro y demás entidades de crédito deberán conectar con una central de alarmas, propia o ajena, los sistemas de seguridad instalados en sus establecimientos y oficinas. Las centrales de alarmas propias de una entidad de crédito podrán prestar servicios a los distintos establecimientos de la misma o de sus filiales, estando prohibido que lo hagan para terceros. En el caso de centrales de alarma de uso propio, la posibilidad de solicitar por parte de cualquier establecimiento, empresa o entidad financiera autorización para la constitución de una central de alarmas de uso propio, así como las características necesarias que ésta debe tener, vienen recogidas en los artículos 112 y 119 del Reglamento de Seguridad Privada. De acuerdo con lo anterior, cualquier entidad, empresa o grupo empresarial podrá solicitar la mencionada autorización para constituir una o varias centrales de alarmas de uso propio, ya que la norma no recoge en su articulado ningún impedimento o limitación en contrario, salvo las que se mencionan en ellos, que son el no considerarlas empresas de Seguridad y, por ello, la prohibición de su utilización para dar servicio a terceros. Tampoco está recogida especificación alguna acerca de cómo y a cuál de las centrales que tenga autorizadas una empresa o grupo deba conectarse cada uno de los locales o establecimientos que forman parte de ellos. La única condición que exige la norma para poder autorizar este tipo de centrales es la de que únicamente pueden dar servicio a los establecimientos que formen parte de la compañía o grupo empresarial, sin que, en ningún caso, como ya se ha mencionado, puedan conectar sistemas de seguridad propiedad de terceros; es decir, de empresas o establecimientos que no formen parte, respectivamente, del grupo o de la empresa o de sus filiales. También existen casos de varias entidades de crédito que tienen parte de sus oficinas conectadas a su central de alarmas de uso propio y otras a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de centralización de alarmas. Cualquiera que sea el caso, y especialmente respecto a las posibles dudas que pudieran plantearse sobre la existencia de varias centrales de alarmas de uso propio en un mismo grupo de entidades financieras, que se hubieran unido por medio del denominado procedimiento SIP, quedan disipadas dado que en caso de que cuenten con varias centrales de alarma de uso propio autorizadas, las oficinas que conforman el nuevo grupo podrán conectarse, independientemente de su denominación, a cualquiera de ellas, según su conveniencia o efectividad. Como la constitución del SIP puede llevar aparejada, como siguiente paso de esta alianza estratégica, la creación de una sociedad central, que puede adoptar forma de sociedad anónima y constituirse como banco, éste y, por tanto, las oficinas que dependan de él, como parte de ese grupo, podrán también conectarse a la central de alarmas autorizada del grupo que más le convenga. No obstante, y a pesar de lo anterior, será conveniente, para evitar cualquier tipo de duda o confusión, a la hora de llevar a cabo el obligado control que impone la normativa, así como la adecuada atención por parte de los Cuerpos policiales competentes, que las centrales de alarma que pertenezcan a un mismo grupo unifiquen su denominación. Esto implicaría, únicamente, una solicitud dirigida a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada, que debería autorizar, como prevé la normativa, el director general de la Policía y de la Guardia Civil. Junto a esto, resultaría necesario comunicar la distribución de las oficinas, especificando a cuál de las centrales autorizadas del grupo están conectadas cada una ellas, así como cualquier modificación o cambio de conexión que se produzca en las mismas. Todo ello con el fin último de identificar cuando sea necesario, de forma clara y ajustada a la norma, tanto a los titulares como a los receptores del servicio. Por otra parte, y para el supuesto de las fusiones calientes en cualquiera de sus dos formas y dado que este tipo de uniones da lugar a una entidad única, bien en el primer caso, que sería una entidad nueva, o bien en el segundo, que permitiría mantener a una de las ya existentes, únicamente habría que solicitar el cambio de nombre de la central o las centrales que existían antes de la fusión, si se hubiera producido una fusión propia, o poner todas las centrales a nombre de la entidad que se ha mantenido, en caso de absorción, comunicando, en ambos supuestos, las oficinas que estén conectadas a cada una de las centrales autorizadas propiedad de la entidad, así como aquéllas que se den de baja.
Protocolos de comunicación del proceso de integración
Finalmente, y al objeto de facilitar el régimen de comunicaciones de las distintas situaciones que puedan producirse en relación con estos procesos de integración de entidades financieras, resulta oportuno fijar algunas indicaciones respecto de los principales supuestos que puedan presentarse: 1º. Los cambios respecto de los departamentos de Seguridad y los relativos a los directores de Seguridad y sus delegados deberán comunicarse por escrito, por el procedimiento y formulario al efecto establecido, a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada. 2º. Los cambios de denominación de las oficinas, adoptando el nombre de otra de las entidades que conforman el grupo, y los cierres de oficinas deberán ponerse en conocimiento, mediante escrito, al grupo territorial de Seguridad Privada donde estén ubicadas la mismas o, en su caso, a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada. 3º. Los cambios de conexiones a centrales de alarmas, sean o no de uso propio, deberán comunicarse a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada. 4º. Los contratos de Seguridad que resulten afectados por los procesos de integración se irán comunicando por los medios establecidos al efecto, a medida que se vayan actualizando.
En relación con este protocolo de comunicaciones, y como aplicación práctica de los principios orientadores de la actuación policial anteriormente enunciados, se concluye lo siguiente: 1º. Dado lo complejo y posiblemente dilatado del proceso a aplicar en cada entidad o grupo de entidades, que muy probablemente requiera una ejecución escalonada y por fases, las comunicaciones resultantes de dicho procedimiento a las que estas entidades vienen obligadas normativamente podrán participarse tanto de forma puntual, ocasional y concreta para cada tipo de cambio o modificación que se inicie y concluya, como de forma general, planificada y única para todo el conjunto del proceso, con expresión de su inicio y posterior confirmación de la situación final. 2º. Las comunicaciones que se realicen a la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada, además de ser lo más precisas posible y estar agrupadas, en su caso, por provincias, surtirán efectos formales sobre el cumplimiento normativo hasta el momento de su eventual comprobación material por parte de los servicios policiales correspondientes. 3º. Para tratar de facilitar la ejecución del proceso de adaptación que en cada caso se requiera, y al objeto de no interferir en su normal desarrollo, ni perjudicar su ejecución o saturar los servicios, tanto policiales como los de las propias entidades, las posibles comprobaciones policiales que requieran las modificaciones, cambios o reformas emprendidos en estas entidades, no así en los casos de aperturas o traslados, cuyas inspecciones se practicarán normalmente, se realizarán a la conclusión de los respectivos procesos y siempre de acuerdo con las correspondientes Direcciones de Seguridad de cada entidad.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada en relación con esta materia.
La crisis ha cambiado el perfil de los delincuentes que roban en supermercados / Las empresas se han visto obligados a instalar alarmas en productos de primera necesidad.
Cámaras de videovigilancia, personal de seguridad, arcos antirrobo, vitrinas con productos bajo llave y alarmas en todo tipo de artículos, muchas de ellas imperceptibles para el consumidor. El «despliegue» de seguridad que hay instalado en prácticamente todos los supermercados y centros comerciales obliga a pensar dos veces meterse algo al bolso.
«Instalamos alarmas hasta en sobres de fiambre
Sin embargo, los amigos de lo ajeno no se sienten especialmente intimidados y, lejos de disminuir, los hurtos en la región han aumentado de forma considerable. Lo que más llamó la atención de la Policía en el incremento de hurtos el pasado año fue la «reaparición» del hurto famélico, es decir, aquellos que roban por «necesidad».
«El perfil del que roba ha cambiado. Antes, se les veía venir y estabas pendiente de los más “sospechosos” en cuanto entraban por la puerta. Ahora ya no sabes de quién desconfiar», explica el jefe de seguridad de unos conocidos establecimientos. La crisis económica ha bajado el nivel de los productos más atractivos para ser sustraídos, lo que ha obligado a las cadenas de supermercados a destinar más presupuesto en sistemas de prevención y a instalar alarmas en productos que hace unos años era impensable. Este vigilante de seguridad asegura que ha parado a algún cliente porque se llevaba una simple lata de atún. «A veces hasta te da apuro. Pero se ha juntado que cada vez más gente roba productos de escaso valor y que a las empresas cada vez les hacen más daño estas pérdidas, que antes eran insignificantes. De ahí que prácticamente todo lo superior a seis euros lleve alarma». «Hemos tenido que hacer un esfuerzo económico muy importante para implantar nuevas modalidades de alarmas, a veces, a costa de prescindir de personal. Pero no nos ha quedado otra. Hay que blindarse ante el robo, ya no sólo por las pérdidas directas sino porque daña la imagen de la empresa », asegura el responsable de unos conocidos hipermercados, que pone en duda la «necesidad» de muchos: «Entiendo que se lleven una bandeja de carne pero no el champú más caro de la gama».
Se desplazaron desde San Sebastián para presenciar el partido entre Osasuna y Racing de Santander.
PAMPLONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos ha propuesto una multa de 7.000 euros para dos espectadores del partido disputado el pasado domingo entre Osasuna y Racing de Santander por escupir e insultar a vigilantes de seguridad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Se trata de dos jóvenes donostiarras de 22 y 25 años que han sido sancionados con 3.500 euros cada uno y la prohibición de acceder a los recintos deportivos por un periodo de seis meses por una supuesta infracción grave de la Ley del Deporte.
Los dos jóvenes, que se desplazaron a Pamplona para presenciar el encuentro de fútbol, profirieron insultos, escupieron y arrojaron bolas de papel y pequeños envases de plástico contra los vigilantes de seguridad que formaban parte del dispositivo de seguridad establecido para el evento deportivo.
Tras ser localizados e identificados, el coordinador de seguridad para acontecimientos deportivos redactó un informe a la Comisión Nacional contra la Violencia a través de la Oficina Nacional del Deporte del Cuerpo Nacional de Policía, por supuesta infracción grave tipificada en la Ley del Deporte 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Según ha informado la Policía, el más joven de los dos espectadores presentaba evidentes síntomas de estar influido bebidas alcohólicas y tiene antecedentes policiales por violencia callejera.
Valladolid, 15 mar (EFE).- El presidente fundador del Grupo Eulen, el leonés David Álvarez, ha asegurado hoy que para salir de la crisis en España es imprescindible "sacrificarse, trabajar más y vivir peor".
"Si no, no arreglamos" la crisis económica, ha advertido el veterano empresario, en declaraciones a EFE en Valladolid, donde ha participado en la inauguración del Salón de la Alimentación.
David Álvarez ha abogado por "ahorrar" y porque el Gobierno diga "al pueblo la verdad de cómo estamos", porque estamos "arruinados" como país y hay que "ser consciente de los sacrificios necesarios para salir" de la crisis.
Álvarez ha augurado que si se "lucha" por "rehacer la economía" española, en un plazo de "seis o siete años" se podría conseguir "una España mejor".
El grupo Eulen, creado en 1962, está presente en doce países de Europa y América, con más de 82.000 empleados y unas ventas que en 2009 superaron los 1.300 millones de euros, sectores como la limpieza, seguridad privada, sociosanitario, logístico, de "telemarketing", trabajo temporal, mantenimiento y medio ambiente.
El empresario es natural de la localidad leonesa de Crémenes. EFE
Los sindicatos Intersindical Canaria y CSIF denunciaron ayer, en el curso de la octava jornada de paro de los empleados municipales del Puerto de la Cruz, la contratación de seguridad privada para la cobertura de actos del Carnaval en detrimento de la Policía Local, con objeto de no abonar las horas extras.
R. BARRETO, Pto. de la Cruz
Los sindicatos Intersindical Canaria y CSIF denunciaron en el curso de la octava jornada de paro de los empleados municipales del Puerto de la Cruz de ayer la contratación de seguridad privada para la cobertura de actos del Carnaval en detrimento de la Policía Local para no abonar las horas extras.
Aseguran que "este gobierno, enterrado en su intolerancia, también amenaza a la Policía Local con liquidar el cuadrante de servicio al no ser de su agrado, y prefiere contratar empresas privadas, como ocurrió en el Coso del Carnaval y cuya cuantía esta por determinar. No obstante, si nos remontamos al año pasado por estas fechas, los servicios privados de seguridad en carnavales le costaron al ayuntamiento unos 20.000 euros".
Los sindicatos denuncian que "el ayuntamiento no busca llegar a la paz social con los empleados, sino al contrario, crea la crispación municipal, como las amenazas vertidas hoy (ayer) para denunciar a las centrales convocantes por las concentraciones en la plaza de Europa, porque al gobierno municipal no le gustan las consignas reivindicativas, disfrazándolo con el argumento de posible perturbación de servicios públicos esenciales.
La representación sindical pregunta al gobierno local quién perturba más los servicios públicos de la Policía Local, los paros de los lunes o cuando el ayuntamiento organiza en la plaza de Europa una serie de festejos que impide durante muchas horas el trabajo en la Jefatura, y como ejemplo el Baile de Magos, donde incluso se cierra el pasillo de seguridad hacia las dependencias, o como la última fiesta de la Cerveza, que dejó durante tres días olor a meados y a podrido dentro del ayuntamiento.
El ruido producido por las diferentes fiestas ha llegado incluso a impedir las transmisiones de la Policía Local".
El concejal de Recursos Humanos, Luis Miguel Rodríguez, contradice la versión de los sindicatos, al asegurar que se ha respetado el cuadrante de los horarios de la Policía Local, y que la realización de las horas extras es voluntaria. Asegura que no le consta que se haya contratado seguridad privada en detrimento de la Policía Local. En medios de la Alcaldía se ha desmentido la contratación de seguridad privada en los términos indicados por los sindicatos y se señala que tales servicios se han prestado para la custodia de aparatos electrónicos para las galas de las reinas infantil y adulta y verbenas y dos "azafatos" para acomodación en las gradas de autoridades en el coso.
Todos los años se suele contratar un servicio de seguridad para los actos del Carnaval sin menoscabo de los que presta la Policía Local.
Por otro lado, para mañana, miércoles, está prevista una nueva reunión de la mesa de negociación y asamblea de trabajadores, que podría culminar con acuerdo entre las partes en conflicto.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Las Palmas, y más concretamente al servicio de Atención al Ciudadano --conocido como Z's-- lograron localizar y detener a un individuo que presuntamente acababa de ocasionar la muerte de un varón que, probablemente, se dedicaba a labores de vigilancia en las obras que se estaban llevando a cabo en el Castillo de Mata de la ciudad capitalina.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canaria explicó que es de resaltar el hecho de que la rápida y eficaz intervención policial fue posible, una vez más, "gracias a la inestimable colaboración ciudadana".
En este sentido, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), 112, un hombre de 55 años falleció sobre las 00.35 horas de este martes tras ser agredido con un objeto de hierro durante una pelea que tuvo lugar en el Castillo de Mata, dentro del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
A la hora indicada, una llamada alertó de una pelea en el Castillo de Mata, señalando asimismo que había una persona que precisaba atención médica --el vigilante de las obras-.
En ese momento se trasladó al lugar una ambulancia de soporte vital avanzado y una ambulancia sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y al Cuerpo Nacional de Policía.
Al llegar, los médicos se encontraron a un afectado que presentaba diversas lesiones, entre ellas un traumatismo craneal, que le ocasionaron la muerte inmediata, por lo que no pudo hacer nada por salvar su vida.
La medida se toma a pocos días de que comience la campaña electoral de las municipales del 22 de mayo. Guardaespaldas privados se harán cargo de la protección desde principios de mes. La retirada progresiva comenzó en septiembre. Ares lo calificó entonces de “reorganización” de efectivos.
El Ministerio del Interior comienza a comunicar hoy a cargos públicos vascos y navarros amenazados por ETA que a partir del 1 de abril cursará una orden para retirarles la escolta de Guardia Civil o Policía Nacional y asignarles otra a cargo de agentes privados de seguridad.
A partir del 1 de abril, los escoltas de la Guardia Civil y la Policía Nacional que actualmente protegen a los cargos públicos en situación especial de riesgo en el País Vasco y Navarra serán reemplazados, salvo excepciones, por parejas de agentes procedentes de la seguridad privada.
También se verá reducido el actual dispositivo de seguridad, limitado a una pareja de guardaespaldas, incluido el chófer, que dispondrán de un coche para los desplazamientos en vez del actual sistema, que incluye rotación de agentes, vehículos y personal especialmente dedicado a labores de contravigilancia y refuerzo de la seguridad de los cargos públicos amenazados por ETA.
La retirada de escoltas comenzó en septiembre del año pasado de común acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco, después de una reunión conjunta mantenida en verano en la que participaron además representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, cuerpo este último encargado principalmente de velar por la seguridad de los cargos del Ejecutivo y el Parlamento vasco.
La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco calculó entonces que se retiraba la protección a más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas vascos, y expresó sus dudas y temores a que esta medida respondiera a las expectativas del Gobierno de un nuevo anuncio de “tregua” por parte de ETA, que posteriormente tendría lugar.
Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, calificó la medida de “reorganización” para facilitar la operatividad de los agentes en funciones de escolta, y justificó que la disminución en casi un 10% de la partida presupuestaria asignada en 2011 a financiar las agencias de seguridad privadas se debía al abaratamiento de los contratos con estas empresas.
No obstante, ante las protestas de personas amenazadas por ETA a las que se retiró la escolta a partir de septiembre, Ares admitió que se estaba estudiando “caso por caso” en función del nivel de riesgo.
Con este mismo criterio, la reducción de la protección se extendió a partir de diciembre a Navarra, donde Interior ordenaba retirar la escolta a una treintena de personas, en su mayoría personas desvinculadas de la actividad institucional o política desde hace años, según informaron fuentes policiales, y descartadas por Interior como objetivo prioritario de los terroristas.
Ahora, esta nueva reducción en la protección afecta a cargos que todavía están en activo y se produce a pocas semanas de comenzar la precampaña electoral para las próximas municipales, periodo en el cual han sido frecuentes en muchos municipios vascos y navarros las amenazas y las agresiones a candidatos de partidos no nacionalistas por parte de proetarras que intentan boicotear sus actos.
En otros de los casos en los que la seguridad privada asumirá a partir de abril las funciones de escolta en sustitución de la de la Policía Nacional o la Guardia Civil, se trata de personas amenazadas por la banda ETA por su antigua vinculación con la política activa de primera línea, pero que aún no han dejado de ser objetivo terrorista.
Anónimos hasta que salen en todas las fotografías detrás de las «celebrities»; son el último fenómeno en internet.
EL GUARDIA DE SEGURIDAD Juan José Nieto ha salido en todas las fotos de los políticos y famosos que han pasado por los tribunales de Palma.
Hay quien los denomina «photocall» vivientes, otros los llaman forillos humanos, coloquialmente podríamos imputarles que «chupan cámara», pero los cibernautas lo describen sofisticada y «sajonamente» como «trending topics». Se trata de anónimos que se cuelan en fotografías y grabaciones, detrás de una personalidad relevante –voluntaria o involuntariamente– hasta convertirse en el ser vivo más rastreado en internet. En los últimos meses cuatro personajes han ostentado tal condición: el circunspecto escolta que aparecía detrás de Suleiman cuando anunciaba la renuncia del rais Mubarak, en una grabación de apenas treinta segundos. Ese medio minuto fue repetido como un «loop» en las redes sociales, abriéndose centenares de páginas en Facebook y Twitter, con fotomontajes en los que se le situaba a la «sombra» de Ben Ali, Mubarak, Hitler o Anuar el Sadat. Incluso se compuso una canción, colgada en youtube, bajo el explícito título: «Quiero ser el hombre que está detrás de Omar Suleiman».
El último ejemplo lo ha protagonizado un niño negro, esta misma semana: detrás de Carles Puyol en el partido de Champions entre el Barça y el Arsenal. Sus marcadas muecas, entre la sorpresa y el pánico, le han convertido estos días en el personaje más buscado de la red. Hay otros casos que lindan con lo berlanguiano: Como esa especie de «psicoimagen», que aparece desde hace una década detrás de cada famoso, con pinta de ayatola del Consejo de Guardianes, y un periódico colgado de la pechera. Se llama Mocito Feliz, y es fácil verle por las calles del centro histórico de Málaga, canturreando coplas de su cosecha, que Lorca quisiera para su «Poeta en Nueva York»: «A las cuatro de la mañana me como un arroz con Avecrén».
El último ejemplo de tipo que siempre sale en la foto, detrás del famoso, logrando acaparar más flashes que éste, es un vigilante de seguridad de los juzgados de Palma. A raíz del «caso Matas», ha salido en más instantáneas que cualquier «celebrity». Su nombre: José Antonio Nieto. Su apelativo de «guerra»: «Primo», derivado de la época en el gimnasio Samurai, donde competía con, al menos, una decena de hijos de sus tíos y no paraba de repetir el parentesco. Burla, burlando, se convirtió en cinturón negro en ocho estilos de artes marciales, ha sido campeón de España en lucha libre y subcampeón del mundo en lucha sambo, por no hablar del judo, buguei o el kick boeing... «Nada de esto ha sido premeditado –asegura afable y tranquilo, cuando se le pregunta por sus ya más de quince minutos de gloria escoltando a personalidades–, sólo intento hacer mi trabajo, ser amable con quienes entran en el juzgado. Si los veo nerviosos, les doy conversación: hablamos de fútbol o de música, como con Ana Torroja, o de cualquier trivialidad. Me lo enseñó mi madre: tu siempre saluda y pórtate bien con la gente». «Soy un chaval de barrio» Ha tejido un arco de seguridad, con su voluminosa encarnadura, alrededor de personajes relevantes como: Jaume Matas, María Antònia Munar, Miquel Nadal, Javier Rodrigo de Santos, Ana Obregón o la ex cantante de Mecano. No dice un solo exabrupto de nadie. Acaso, una leve impresión: «Las entradas se producen con naturalidad. Todavía no he visto llorar a nadie. Otra cosa es cuando salen. No se les ve desmoralizados, sino pensativos, repasando lo que han declarado». No se ha visto envuelto en ningún incidente, «soy un chaval de barrio, y, por desgracia, muchas de las personas que se criaron conmigo en Son Gotleu desfilan por aquí. Intento hacerles el camino hacia la sala un poco más fácil. Trato igual a un ministro que a un chorizo». Lo máximo que ha recibido fue una patada de una mujer que sacaron de los juzgados y «Primo» se vio obligado a pisarle el pie para que dejara de hacerlo. El resto: sin novedad en el frente.
A su trabajo acude –feliz– y con su dinero paga –me basta con lo que cobro–. No busca fama –a pesar de haber protagonizado un corto, en formato de parodia policial llamado «Fango y Trash» –remake youtubero de «Starsky y Hutch»– y haber participado en dos capítulos de la serie «Hermano mayor» que emitía Cuatro. «No quiero nada. No busco nada. Llevo un pin del Betis porque soy hincha, pero ni me voy a presentar a Eurovisión ni nada por el estilo. Sólo aspiro a trabajar en lo mío, continuar como entrenador de artes marciales y vivir en la paz oriental en la que me he educado». Lo de salir en las fotos y firmar autógrafos «se pasará con el tiempo, ya lo verás». Parafraseando a Lao Tse: Agua turbia, déjala reposar. Se vuelve clara.
Mientras la mayoría descansa, cientos de personas trabajan cada madrugada para seguir produciendo en las fábricas, para los servicios públicos básicos o las demandas de ocio
Vigilancia en solitario. Linterna en mano, haciendo una ronda por las dependencias del edificio.
Alberto Rodrigo
H. Jiménez / Burgos
Son las 10 en punto y Santos le toma el relevo a Charo en la garita. Tras los saludos de rigor y el parte de novedades, que no suelen ser muchas, se pone el uniforme de la empresa y afronta una nueva noche como vigilante de seguridad del Edificio Promecal. Parece fresco, de buen humor, en un momento del día en el que casi todo el mundo se está retirando a sus casas o hace tiempo que se depositó en el sofá del salón para afrontar el momento ‘prime time’ de cada noche. Mientras la mayoría duerme, cada madrugada cientos de personas trabajan distribuidas por toda la ciudad. Unos permiten que las grandes fábricas no dejen de producir, otros velan por la seguridad y los servicios públicos básicos y los hay que deben colocarse al otro lado para responder a las demandas de ocio de los que no tienen ganas de irse a la cama temprano. Todas las noches hay un Burgos que cierra los ojos y otro que no, que mantiene la rueda laboral y económica y facilita que todo siga funcionando cuando amanece. En la madrugada del jueves al viernes, un periodista y un fotógrafo de DB recorrieron la capital en busca de las piezas del puzle del turno de noche. Comenzaron y terminaron en la sede del periódico, en la avenida de Castilla y León. Al finalizar Santos todavía sonreía y ellos, menos acostumbrados al ritmo nocturno, habían notado en sus cuerpos el efecto de la intempestividad. Pero hay quien está tan acostumbrado a trabajar de noche que hasta se sorprende de las preguntas de los novatos en estas lides. Por ejemplo Vicente, Jorge y Óscar, empleados del Taller de Impresión de Diario de Burgos, emplazado en el polígono de Gamonal. Les pillamos justo en el momento de incorporarse a su puesto de trabajo, a las 22.30 junto a otros 65 compañeros, y por encima de sus cabezas la espectacular rotativa ya estaba imprimiendo miles de ejemplares del diario Negocio, que se distribuye conjuntamente con varios periódicos del grupo. Al mismo tiempo, en el otro extremo de la ciudad, las fábricas de Villalonquéjar cuyo tercer turno ha sobrevivido a la crisis recibían a su procesión de autobuses y vehículos particulares de cada jornada. Según los cálculos de la Asociación de Empresarios de Villalonquéjar tras consultar a una veintena de las principales firmas emplazadas en su entorno, la gran mayoría reduce considerablemente su personal en el turno de noche y lo deja entre un 15 y un 40% de lo que es habitual en la mañana o la tarde. Dejamos a las fábricas arrancando motores y nos dirigimos a la Policía Local, donde los agentes acaban de recibir la relación de servicios que les va a tocar acometer. El subjefe inspector Félix Ángel García nos cuenta que hemos coincidido con el grupo que vivió de lleno la bomba de ETA en la Casa Cuartel de la Guardia Civil, encabezado por el subinspector Rafael Peña, que habrá 27 personas operativas y que dos de las tareas de esa noche serán un control del botellón en el Castillo y otro de alcoholemia y documentación en la avenida de Castilla y León. Para acompañarlos poco después aún tenemos margen, así que cruzamos por dentro del edificio municipal que también acoge a los bomberos para conocer la noche en el servicio de extinción de incendios. Al revés que los policías, quienes trabajan en turnos rotatorios de 8 horas, los bomberos hacen jornada de 24 y ya llevan dos tercios de su horario cumplido. A falta de incidencias, unos leen, otros están viendo Torrente 3 y otros descansan en unas habitaciones. El cabo Rafa Sedano queda a cargo del teléfono y el sargento Gerardo Orbaneja al mando de los 20 hombres del parque. Que siga tranquila la noche. Ya son más de las 12 y tres chavales que bebían pacíficamente calimocho en las escaleras de San Esteban tienen la mala suerte de recibir la visita de agentes locales de paisano. Al menos son mayores de edad, pues de lo contrario podrían avisar a los padres. Se ven obligados a recoger vasos y botellas, agachar las orejas y marcharse con la duda de si llegará a su casa la correspondiente sanción de 30 euros (rebajada a 15 por pronto pago) que con la ordenanza en la mano les pueden imponer los policías. Los restos de botellón son uno de los múltiples retos a los que deben enfrentarse cada noche los trabajadores de Semat, empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras. Les recuerdo que esta noche es jueves y por tanto acaba de comenzar el temido ‘triduo’ del fin de semana en el que la fiesta y el alcohol complican la labor a los operarios. Luis María Bustillo, encargado del turno, nos acompaña por la plaza de España, el G-12 y la zona sur en un máster acelerado sobre barredoras, baldeo y transporte de residuos orgánicos. José Carlos y Miguel Ángel, dos de los trabajadores con los que charlamos, llevan tantos años en el turno que no se quejan ni de consecuencias en su salud ni de incompatibilidades con la familia o los amigos. Solo pasan las de Caín en las noches de hielo o de nieve, y comparadas con tantas madrugadas siberianas que han vivido la que nos tocó a nosotros, que partió con 10 grados y acabó con 4, les parece tropical. Aunque no haga frío, los policías locales del control de alcoholemia se tapan hasta las orejas para pasarse hora y media a pie quieto frente a la Comisaría de la Policía Nacional. «No se trata ni mucho menos de un afán recaudatorio, sino de prevención y por tanto de seguridad», dicen los mandos. Hay poco tráfico y uno de los que primero ‘cae’ es un hombre de mediana edad, a bordo de un Mercedes. Da 0,0 en alcoholemia y tiene toda la documentación en regla. Puede continuar. Los que no quieran jugarse el carné por haber tomado unas copas pueden optar por los taxis que esperan en la plaza del Cid. José estuvo 26 años en el turno nocturno de la Cellophane así que a él no le importa pasarse las madrugadas al volante. Lo que le fastidia son los borrachos que dan guerra y encima le manchan el vehículo. «Al que vemos muy mal no le cogemos, que luego todo son problemas», explica mientras espera pacientemente junto a otros 5 compañeros la hora de cierre de los bares. Antes de la crisis había mucho más jaleo, asegura, «ahora los universitarios no salen, se quedan bebiendo en casa y la gente de veintitantos está en paro». Son malos tiempos para todos. También para la hostelería, cuyo negocio (que da trabajo a muchos) ha bajado considerablemente. Pero en el local de Rubén Hermoso importa más la calidad que la cantidad. El dueño del Qué Thomas, en la avenida Reyes Católicos, es un experto preparador de gin tonics que subraya la importancia de la profesionalidad y nos invita a contemplar su pericia. Como en el mundo del vino, ya no se trata solo del sabor. También entran en juego el resto de los sentidos: la vista, el olfato y el oído regalado por buena música. Merece la pena. El amanecer se acerca, los pájaros comienzan a cantar y pronto empezará a salir pan de los hornos. Por si acaso, nos damos una vuelta por Urgencias, en cuya sala de espera se congrega la habitual mezcla de mayores, jóvenes víctimas de los excesos y madres y padres con bebés en brazos. Toca recogida, vuelta al DB. Casi toda la ciudad está en silencio y hay poquísimas ventanas encendidas. Las cortinas ocultan por igual a los insomnes y a los muy madrugadores que salen de casa antes de que hayan puesto las calles. En cuestión de horas el entramado urbano volverá a ser un hervidero. Los currantes a la obra, los funcionarios a la oficina, los niños al cole... En ese momento, las aves noctámbulas se meterán en la cama, al revés que el resto del mundo. Y así cada noche, sin dormir, aunque nadie los vea.
Esperanza Aguirre vuelve a recortar la calidad de los servicios públicos madrileños, esta vez recortando algo tan imprescindible y fundamental como es la Seguridad en el metro, reduciendo los presupuestos para la Vigilancia Privada.
De ello se aprovecha la empresa SECURITAS, bajo la justificación de que Metro de Madrid le ha reducido el 18% el precio promedio de la hora trabajada, respecto al contrato anterior. La empresa pretende que los trabajadores acepten y consientan una rebaja de su salario.
Esto supone que los trabajadores/as que prestan servicio en Metro, verán reducido en más de un 60%, el plus de puesto de trabajo conocido como "plus de Metro", motivado y justificado por las condiciones penosas y peligrosas, que los vigilantes soportan en dichas instalaciones.
ES VERGONZOSA, tanto la actitud de la Comunidad de Madrid en Metro, como la de SECURITAS: El Gobierno de la Comunidad por recortar un servicio que ante la Huelga General del 29-S consideró esencial. ¿Dónde a quedado tal consideración?; la empresa, porque siempre carga el recorte sobre los salarios de los trabajadores.
No se puede pretender ganar dinero a costa de reducir derechos de los trabajadores, en este caso los salarios. En un sector en el que los salarios difícilmente superan los 1.000 euros, y en el que los trabajadores realizan jornadas de 10 horas, e incluso 16 cuando no son relevados. En una empresa que no deja de declarar beneficios.
Ante todo esto, la Sección Sindical de FeS-UGT-Madrid en SECURITAS dice NO. Y anuncia que de no retrocederse la medida, habrá movilizaciones ante estos recortes salariales.
No es fácil garantizar una demolición sin problemas, en España se extreman las medidas de seguridad desde el momento en que se trasladan los explosivos, siempre con escolta de la Guardia Civil. Los reporteros de 'A Fondo' han asistido a la demolición en una fábrica cementera.
En sólo cinco segundos, se vienen abajo cuatro mil toneladas de hierro y hormigón: una explosión controlada que se ha planificado durante cuatro meses. Es una fábrica cementera que cesó su actividad hace dos años.
Expertos en demoliciones hacen saltar por los aires las dos torres, los reporteros de 'A Fondo' son testigos de la operación. Nos explican los expertos que debido que a la gran altura del edificio ?60 metros- y a que no hay maquinaria que llegue a esa altura, se ha optado por hacer demolición con explosivos.
Vigilantes de seguridad armados son los que transportan un camión con 150 kilos de explosivos. Desde el polvorín hasta su destino final la ruta es controlada en todo momento por la Guardia Civil. Los vigilantes no se van hasta que se ha producido la demolición. Desde los atentados del 11-M las medidas de seguridad son exhaustivas. Para evitar robos, se comprueba toda la carga.
Los artilleros colocan pequeñas cargas de explosivos en 600 perforaciones realizadas en los pilares del edificio. Comienza la cuenta atrás. Todos los trabajadores deben guardar un perímetro de seguridad de cien metros.
Cuando se realiza la demolición, el explosivo sobrante es destruido en presencia de la Guardia Civil. Lo último que queda por hacer es limpiar toneladas de hierro y hormigón que serán reciclados. 50 años de historia, reducidos a escombros.
El documento nacional de identidad que acredita a los ciudadanos, sus datos personales y su nacionalidad va avanzando con las transformaciones tecnológicas en la sociedad, denominada actualmente la sociedad de las tecnologías de la información.
En este marco se está realizando progresivamente el paso del DNI tradicional que llevamos usando en España desde hace más de cincuenta años, al DNI electrónico que cambia su formato para incorporar un chip o pequeño circuito integrado. El nuevo DNIe o documento nacional de identidad electrónico, permite en la actualidad realizar muchas gestiones telemáticas sin necesidad de acudir físicamente a unas oficinas de la administración, además de poder usarse para gestiones bancarias.
Debido a los riesgos de fraude, además de aumentar la seguridad en el nuevo formato, ofrecemos unos consejos de seguridad para ciudadanos que ya tengan su nuevo documento nacional de identidad:
En caso de pérdida o sustracción del DNI electrónico, el titular deberá comunicarlos a la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil, bien denunciándolo en cualquier Comisaría de Policía o Puesto de la Guardia Civil, bien solicitando un duplicado del mismo en el equipo de expedición.
Una vez en la Oficina de Expedición, en determinadas circunstancias deberá cumplimentar un impreso que le será entregado en la propia oficina y si el DNI extraviado o sustraído era del modelo anterior deberá aportar una fotografía más que junto a su firma y su impresión dactilar, servirá de comprobación de su identidad. Igualmente, se generarán nuevas claves y se expedirán nuevos certificados electrónicos.
CUSTODIA DE LAS CLAVES PRIVADAS DE LOS CERTIFICADOS
La custodia de las claves privadas de los Certificados de Identidad Pública la realizan los ciudadanos titulares de las mismas. En ningún caso la Autoridad de Certificación guarda copia de la clave privada ya que ésta no puede ser extraída de la tarjeta.
Las claves privadas del ciudadano se encuentran almacenadas en el procesador de la tarjeta criptográfica del DNI electrónico. Con esto se consigue que las claves privadas no abandonen nunca el soporte físico del DNI, minimizando las posibilidades de poner en riesgo dichas claves.
Para el acceso a las claves y al certificado de firma el ciudadano deberá emplear una clave personal de acceso (PIN) generada en el momento de recibir su DNI electrónico y que sólo él debe conocer.
En todo momento el ciudadano podrá modificar la clave personal de acceso en una Oficina de Expedición utilizando los puestos destinados a tal efecto (Puntos de Actualización del DNI electrónico) y mediante el siguiente procedimiento:
* Si conoce la clave personal de acceso PIN podrá emplearlo durante el proceso de cambio * En caso de no recordar la clave personal de acceso PIN (o encontrase bloqueada la tarjeta al superar el número de tres intentos con un PIN incorrecto) podrá realizar el cambio mediante la comprobación de la biometría de impresión dactilar.
En ningún caso el olvido de la clave personal de acceso supondrá la revocación de los Certificados de Identidad Pública, siempre que pueda ser modificada por el procedimiento anterior.
También se habilitará un procedimiento telemático que permitirá el cambio de la clave personal de acceso PIN siempre que se recuerde el PIN vigente. En caso de no recordar la clave personal de acceso -PIN- (o encontrarse bloqueada la tarjeta al superar el número de tres intentos con un PIN incorrecto), sólo podrá realizar el cambio mediante la comprobación de la impresión dactilar en un Punto de Actualización del DNIe situado en las oficinas de expedición.
RECOMENDACIONES SOBRE LA CLAVE PERSONAL DE ACCESO (PIN)
El PIN es una clave confidencial, personal e intransferible y es el parámetro que protege la clave privada de firma y permite activarlas en las aplicaciones que generan firma electrónica; por lo tanto, deben tenerse en cuenta unas normas de seguridad para su custodia y uso: Memorícelo y procure no anotarlo en ningún documento físico ni electrónico que el Titular conserve o transporte junto con la tarjeta del DNI electrónico, fundamentalmente si existe posibilidad de que se pierda o se robe al mismo tiempo que aquella. No envíe ni comunique su PIN a nadie ni por ningún medio, ya sea vía telefónica, correo electrónico, o mensajería.
Recuerde que el PIN es personal e intransferible. Si cree que su PIN puede ser conocido por otra persona, debe cambiarlo. El hecho de que el PIN sea conocido por una persona distinta supone un riesgo importante, ya que permite la activación de las claves privadas para poder realizar operaciones de firma electrónica en su nombre. Es obligación del titular notificar la pérdida de control sobre su clave privada, a causa del compromiso del PIN, ya que es motivo de revocación del certificado asociado a dichas claves.
Debemos evitar escoger un número relacionado con datos personales, así como cualquier otro código que pueda resultar fácilmente predecible por terceras personas (fecha de nacimiento, teléfono, series de números consecutivos, repeticiones de la misma cifra, números de la calle o portal, código postal en la dirección del domicilio, secuencias de cifras que ya forman parte de su número de DNI electrónico). Al igual que cualquier otra contraseña que utilicemos, se recomienda cambiarlo periódicamente.
El agente, que pertenece a una unidad antiterrorista de élite, estaba con amigos en una carpa de la Feria del Embutido.
T. D./R. F. VALENCIA Un agente de la Guardia Civil destinado en una unidad de élite de la lucha antiterrorista acabó detenido el domingo en la Feria del Embutido de Requena tras emprenderla a golpes con sus propios compañeros del cuartel del municipio. Según han confirmado a Levante-EMVfuentes de toda solvencia, los hechos sucedieron pasadas las siete de la tarde en el recinto que acogió durante el pasado fin de semana la célebre Feria del Embutido, donde se degustan productos cárnicos y vino. Al parecer, el agente estaba con un grupo de amigos, cuando se vieron envueltos en una discusión subida de tono que llevó a varias personas a alertar a la Guardia Civil. Varias unidades de seguridad ciudadana del cuartel de Requena acudieron enseguida para tratar de poner orden. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. Las citadas fuentes dijeron que el grupo del que formaba parte el guardia civil del GOA (Grupo Operativo de Apoyo) se mostró especialmente violento al ver llegar a los agentes uniformados. Es más, esas fuentes matizaron que fue precisamente el guardia, que iba de paisano, quien más iracundo y violento se mostró, hasta el punto de que tuvo que ser reducido por varios de los agentes de Requena, algunos de los cuales resultaron lesionados. El agente detenido, que antes y durante la bronca se identificó varias veces como guardia civil a pesar de mantener su actitud, fue acusado de un delito de desobediencia y otro de atentado, y ayer fue puesto a disposición del juez de guardia de Requena. El arrestado es natural de Valencia, aunque está destinado en Madrid.
Cuatro funcionarios granadinos de la Consejería de Empleo denunciaron anomalías en el baremo. La Administración autonómica repartió 20 millones entre academias en el pasado ejercicio.
Cuatro funcionarios del departamento de formación de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo han presentado una denuncia ante la Inspección General de los Servicios Centrales de la Junta de Andalucía en Granada por una supuesta falta de transparencia en la concesión de subvenciones a las academias y asociaciones encargadas de impartir cursos de formación profesional.
La denuncia afecta a la baremación de la convocatoria 2010, cuando Empleo repartió un montante de 20 millones de euros a empresas beneficiarias seleccionadas de entre 400 escuelas, siendo Granada la provincia andaluza con más empresas dedicadas a la formación profesional.
Los denunciantes pertenecen a la actual comisión que barema las peticiones de subvenciones. Fue constituida por la Junta tras la entrada en vigor de la actual normativa andaluza que regula la formación profesional para el empleo.
Cuando estos funcionarios empezaron a desarrollar su labor, se percataron de que el trabajador que se encargaba con anterioridad de la valoración de los informes económicos no explicaba los criterios por los que daba más o menos puntos a las empresas y, así, una u otra calificación para acceder a las ayudas.
En su actuación podría haberse apreciado cierto favoritismo por algunas empresas determinadas, según un funcionario conocedor del procedimiento consultado por ABC. La denuncia está actualmente en la Delegación del Gobierno andaluz en Granada y aún no está claro si la Inspección exhortará a Empleo para que abra una investigación interna con el fin de aclarar los extremos de lo sucedido o cerrará el caso.
Según la citada fuente, en la actualidad se está viviendo una verdadera «lucha de poder» en el seno del departamento de Formación con «decisiones precipitadas» de la delegada de Empleo, la socialista Marina Martín, como telón de fondo.
La entrada en vigor de la nueva normativa obligó a la creación de una comisión para la baremación técnica de las subvenciones que se dan a estos cursos, y una jornada con los centros de formación para que entendieran los nuevos criterios que pretenden dotar al proceso de una mayor transparencia.
El trabajador que se había encargado de la valoración de los justificantes económicos fue trasladado a otro puesto por motivos ajenos a este caso, precisaron fuentes oficiales de la Delegación de Empleo.
Se da la circunstancia de que algunas de las empresas que habían recibido más puntuación sin justificación también habían sido objeto de críticas por parte de alumnos. En la actualidad, existe un expediente informativo abierto y pendiente de resolución en Empleo al presentarse cuatro reclamaciones referentes a otros tantos cursos de diferentes academias en las que se habrían producido supuestas irregularidades en la tramitación de las prácticas en empresas que suelen seguir a muchos de estos cursos. Una de estas denuncias fue archivada en primera instancia por un técnico de Empleo al alegar la academia afectada que los alumnos tenían «intenciones dañinas», según ha publicado el diario Ideal.
Prácticas irregulares
En una reclamación ante el Defensor del Ciudadano, los estudiantes explicaron que en el verano pasado recibieron una llamada de la directora de la academia para hacerles una entrevista personal y un perfil profesional. Sin embargo, el puesto de comercial de ventas que les ofrecieron nada tenía que ver con el curso de administrativo polivalente de pymes que habían cursado. Les ofrecían prácticas de tres horas cuando el compromiso era un contrato de seis meses.
Otro curso subvencionado para vigilantes de seguridad no habría contado con la necesaria acreditación del Ministerio de Interior. La Junta alega que está investigando todos los casos con alumnos y responsables de las firmas que ofertaron los cursos.
Prosegur ha adquirido en Singapur la compañía de vigilancia no armada Prosec, en una operación cuyo importe no ha sido desvelado y que supone "el inicio de un periodo de aprenzidaje en un continente en el que la compañía no está presente en la actualidad".
Prosec cuenta en la actualidad con una plantilla superior a los 700 empleados y obtuvo en el año 2010 unas ventas de 9,7 millones de euros, según precisó Prosegur en un comunicado.
A nivel mundial, Prosegur es la compañía líder en el sector de la seguridad privada, y la empresa de servicios globales de seguridad líder en España y otros mercados en los que está presente como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Francia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Rumanía y Uruguay.
Desde las seis de la mañana de este lunes, la velocidad máxima permitida en autovías y autopistas no habrá de exceder de 110km/h, tras el Real decreto aprobado por el Gobierno. Eso sí, las multas serán de mayor cuantía en consonancia con la nueva normativa. ¿Cree que la medida tiene por objeto recaudar más?
Si usted conducía entre 116-118km/h a 133, hasta ahora no recibía sanción alguna. Pero olvídese, a partir de mañana sí. El conductor tendrá que pagar 100 euros.
Hasta el lunes, la sanción por conducir más allá de 170Km/h era de 300 euros y dos puntos. Pues bien, desde mañana la cuantía sube a 400 euros y los puntos también, concretamente a 4.
La nueva tabla de sanciones confirma las opiniones vertidas por muchos conductores y expertos, que han advertido de que el nuevo límite de velocidad generará más multas y, por lo tanto, más ingresos para Tráfico, señala este domingo en sus páginas el diario ABC.
Tráfico recaudará 21 millones extras
Actualmente, las sanciones por exceso de velocidad suman más de 700.000 al año, cifra que podría alcanzar el millón con la nueva normativa, según Automovilistas Europeos Asociados. Su presidente, Mario Arnaldo, calcula que Tráfico recaudará unos 21 millones de euros extras con el nuevo límite de velocidad.
Murcia, 5 mar (EFE).- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha confirmado la improcedencia del despido de una vigilante de seguridad que fue cesada por su empresa, "V.I., S.A.", por carecer de licencia de armas.
La Sala, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, desestima el recurso presentado por la empresa contra la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena, que en abril pasado declaró improcedente el despido y condenó a la demandada a readmitir a la trabajadora o pagarle una indemnización de 4.400 euros.
Afirma el TSJ que cuando la demandante comenzó a prestar sus servicios, en un hospital de Cartagena, carecía de la licencia de armas, pese a que el servicio debía prestarse con las mismas.
Añade la Sala que no se ha producido "una ineptitud sobrevenida", como alegó la empresa demandada, ya que fue contratada en octubre de 2008, cuando desde julio de 2007 existía el acuerdo de desarrollar el trabajo de vigilancia con armas.
El tribunal ordena que esta trabajadora "sea ubicada, en su caso, en otro puesto que no necesite portar armas, en tanto no se obtenga, si procediera, la licencia correspondiente".
La sentencia condena en costas a la empresa, que deberá abonar al letrado de la trabajadora 250 euros en tal concepto. EFE 1010611
Efectivox continúa avanzando en su propósito de convertirse en el operador alternativo del mercado de Transporte y Tratamiento de Valores y ha nombrado como presidente del Consejo de Administración a Ángel Vizcaíno Ocáriz, que fue máximo responsable de Seguridad y Transporte de Fondos de Prosegur y presidente de Aproser.
Ángel Vizcaíno preside también el recientemente creado Consejo Asesor de Efectivox, del que forman parte Enric Batlle, Manuel Gutiérrez Rosales, Santiago López Valdivielso y Julio de la Sen, hasta ahora director general de la compañía.
Por su parte, Jesús Félix González, que venía desempeñando en Efectivox las funciones de director general adjunto, asume la Dirección General de la compañía, lo que garantiza la continuidad del plan estratégico de la misma.
Con esta nueva organización Efectivox refuerza su posición en el mercado, con un equipo de profesionales de dilatada experiencia tanto en el Sector de la Seguridad Privada como en el mercado a que se dirige.
Finalmente, y al objeto de facilitar el régimen de comunicaciones de las distintas situaciones que puedan producirse en relación con estos procesos de integración de entidades financieras, resulta oportuno fijar algunas indicaciones respecto de los principales supuestos que puedan presentarse:
