MAÑANA HUELGA GENERAL - 29 DE SEPTIEMBRE
NO LO OLVIDEMOS COMPAÑEROS,
SEGUIMOS SIN CONVENIO DESPUES DE DOS AÑOS.
NO LO OLVIDEMOS COMPAÑEROS,
SEGUIMOS SIN CONVENIO DESPUES DE DOS AÑOS.
Ministerio del Interior
Rango: Resolución
Publicado en: BOE número 233 de 25/9/2010, páginas 81577 a 81579 (3 págs.)
Referencia: BOE-A-2010-14704
* Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
o PDF de la disposición
TEXTO
El artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, determina que las personas que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De acuerdo con el artículo 1.1.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, los servicios privados de vigilancia y seguridad de personas o bienes, tienen la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.
El artículo 15 de la misma Ley 23/1992, dispone que los Vigilantes que desempeñen funciones en establecimientos o instalaciones en las que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto a las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente.
El Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada, en situaciones de huelga, determina en su artículo 2 aquellos servicios que se consideran esenciales para la comunidad, teniendo en cuenta, para ello, la adecuada proporcionalidad que debe existir entre el interés general y el derecho de los trabajadores.
Estando convocada una huelga general, en todo el territorio nacional, por determinadas organizaciones sindicales, para el día 29 del corriente mes de septiembre (incluyendo para el caso de trabajadores por turnos, las últimas horas del día 28 y las primeras del día 30), procede determinar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del citado Real Decreto, y haciendo uso de la facultad que me confiere el último de estos preceptos, el porcentaje del personal de seguridad privada adscrito a los servicios declarados esenciales que deberá desarrollar su actividad durante la celebración de aquella, teniendo en cuenta que el mencionado personal contribuye de manera directa a garantizar el ejercicio de las libertades, así como la seguridad de las personas y bienes y la prevención del delito.
A los efectos de delimitar los servicios esenciales, debe tenerse presente que en España, derechos fundamentales tan inherentes a la condición humana como la vida, la libertad ideológica o la seguridad, recogidos en los artículos 15, 16 y 17 de nuestra Constitución, han venido siendo vulnerados por diferentes grupos terroristas. La amenaza constante de atentados terroristas y la insuficiencia de recursos en el ámbito de la seguridad pública, obliga, incluso en situaciones de activación mínima, a que se recurra a servicios integrados en la seguridad privada para la prestación del servicio de protección de personas al objeto de colaborar en la salvaguarda de los citados derechos fundamentales.
También deben considerarse, aquellos lugares posibles blancos de actuaciones de organizaciones terroristas, cuyo funcionamiento se considera esencial para el normal desarrollo de la convivencia social, por lo que están sometidos a especiales medidas de seguridad, prevención y control, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y cuentan con el auxilio y colaboración de los vigilantes de seguridad. Es el caso de las denominadas «infraestructuras críticas», como son las de transporte, energía, salud, información y telecomunicaciones, alimentación y finanzas.
Por el riesgo que de forma permanente suponen para la seguridad ciudadana, que puede agravarse durante el desarrollo de la huelga, deben tener el carácter de esenciales, los servicios de vigilantes de seguridad establecidos con carácter obligatorio. Igualmente los que estén determinados en cada momento por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares, acorde con la Instrucción IS-09 de 14 de Junio de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear («Boletín Oficial del Estado» 161, de 7 de julio de 2006).
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana, en relación con los artículos 112.1.b) y 113 del Reglamento de Seguridad Privada, es posible la implantación del servicio de vigilantes de seguridad con carácter obligatorio en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos para terceros o sean especialmente vulnerables. Los hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la administración pública, durante el desarrollo de la huelga pueden ver incrementado el riesgo de ser objeto de acciones terroristas o violentas contra las personas que se encuentren en sus instalaciones o que alteren su normal funcionamiento. Por ello los servicios de vigilancia y protección de personas y bienes, existentes en aquellos, durante el desarrollo de la huelga deben tene
r el carácter de obligatorios.
Ante la posible colisión entre el legítimo derecho de huelga de los trabajadores de la seguridad privada y el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades de las personas e instalaciones objeto de protección, debe garantizarse la debida vigilancia y protección, sin menoscabar el citado derecho de huelga. Considerando la multitud de servicios que prestan los vigilantes de seguridad privada, aquellos que pueden ver limitado su derecho al ejercicio de huelga, por corresponderles servicios esenciales, será una mínima parte de todo el colectivo.
A efectos de cuantificación de los servicios mínimos, hay que tener en cuenta por un lado, que si la vigilancia y protección en los «servicios esenciales», debe ser garantizada incluso en circunstancias normales, dicha vigilancia necesita ser incrementada en el caso de una huelga general, para que su desarrollo se realice pacíficamente y no se altere la convivencia social en los lugares objeto de protección. Por otro lado, con la finalidad de asegurar la prestación del servicio, en aquellos lugares que cuenten con un número reducido de vigilantes o con bajo porcentaje de servicios mínimos, resulta necesario también fijar siempre un mínimo de personal, ya que en caso contrario no se garantizaría la seguridad tanto de los usuarios o destinatarios de los servicios como de los propios prestadores.
En su virtud, teniendo en cuenta el informe emitido por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, oídas las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la Seguridad Ciudadana y en uso de las competencias que me han sido conferidas por los artículos 3 del Real Decreto 524/2002, de 14 de junio, por el que se garantiza la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la seguridad privada, en situaciones de huelga y 2.1 del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, dispongo:
Primero.–Declarar el carácter obligatorio, durante el desarrollo de la huelga convocada, de los servicios de seguridad privada existentes en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la administración pública, en la forma determinada en el apartado segundo, 5.
Segundo.–Considerar en situación de servicios mínimos en el sector de seguridad privada, durante el desarrollo de la citada huelga:
1. El 100 % del personal que preste servicios de protección de personas.
2. El 85 % del personal que preste servicios de seguridad:
En las actividades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución.
En los Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto en general, con carácter obligatorio.
3. El 75 % del personal que preste servicios de seguridad:
En instalaciones petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles.
En centrales e instalaciones nucleares. En todo caso comprenderá la dotación mínima determinada por el Consejo de Seguridad Nuclear para la protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares
En las fábricas de armas de fuego, en las de explosivos y en sus almacenamientos.
En las actividades de transformación, depósito, transporte y distribución de materias inflamables.
En servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad.
Centrales de alarma.
4. El 75 % del personal que preste servicios de seguridad:
En los transportes públicos (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.), y en los centros de telecomunicaciones.
En centros y sedes de medios de comunicación social.
5. El 25 % del personal que preste servicios de seguridad privada en hospitales, Juzgados y Tribunales y dependencias de la administración pública.
6. Los porcentajes establecidos en los apartados anteriores, comprenderán en todo caso, como mínimo, un vigilante de seguridad.
Madrid, 23 de septiembre de 2010.–El Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno.
Las previsiones de Prosegur son muy favorables, pero su cotización muestra cierta resistencia a proseguir la escalada en los niveles actuales. Desde que, a finales de julio, presentó los resultados semestrales, su cotización se mantiene prácticamente plana. Entre enero y junio el grupo de seguridad obtuvo un beneficio neto de 69 millones de euros, con un incremento del 7% respecto a un año antes.
La facturación del periodo se cifró en 1.228 millones, con incremento del 19,8%, mientras que rebajó respecto al año anterior la deuda neta bancaria en 2 millones de euros.
Esta noticia impulsó la cotización más de un 8%, ya que pasó de 38,69 euros a superar la barrera de los 41,50, pero pasan las semanas y se mantiene en esta zona sin lograr consolidarse por encima de los 43,41 euros, que estableció el pasado 13 de septiembre, que es su máximo histórico. Y es que el valor ha superado los precios objetivo que habían establecido en el entorno de los 42 euros varios analistas y ello hace reflexionar a los inversores, máxime tras recordar que su precio actual duplica prácticamente el del cierre de 2008 (22,26 euros). A pesar de que la mayoría de los analistas estima que los negocios del grupo seguirán viento en popa y que, al menos, en los dos próximos años, el beneficio por acción seguirá creciente, han rebajado sus recomendaciones desde comprar a mantener o a neutral.
"Yo todavía estoy asustado, porque sé que fueron a matarme y que salvé mi vida por mis propios medios", dice David, vigilante de seguridad en una obra en Amate al que la madrugada del sábado dos encapuchados propinaron una brutal paliza que culminó con un ladrillazo en la cabeza que pudo ser fatal de no haber tenido los reflejos de poner la mano. Luego huyeron en una furgoneta de gran tamaño en la que les esperaba un tercer compinche, y en la que seguramente tenían intención de cargar maquinaria. David tiene rotos el pómulo, el tabique nasal y los dos labios, escupió tres dientes enteros y le rompieron dos más, acumula golpes en la mano, pie, caderas...
Ingresado en el hospital Virgen del Rocío, a la espera de ser operado el viernes de sus fracturas, David explica que el dolor físico no es tan difícil de llevar como el miedo que se le ha quedado. Lleva una semana sin dormir bien, sobresaltándose por las noches cada vez que escucha un ruido, y se sorprende con el "sinvivir de saber que te han podido matar". Está seguro de que, si llega a quedarse quieto en vez de enfrentarse a ellos con todas sus fuerzas para poder escapar y salir a la calle, lo hubieran matado.
El asalto se produjo a las cuatro de la madrugada del viernes al sábado pasados, cuando David Piña, de 32 años y con cinco de experiencia como vigilante jurado, estaba rellenando un parte de incidencias después de haber realizado la ronda habitual sin detectar novedades. Estaba en la casetilla de la obra que Mercadona tiene en marcha en Amate cuando entraron dos hombres encapuchados con pasamontañas negros, vestidos con ropa y guantes anticortes -probablemente para no dejar ningún tipo de rastro- y armados con pistolas eléctricas y palos de madera, según explica Moisés, el hermano de David, que le toma el relevo para evitar que haga esfuerzos.
Los dos varones, de entre 1,75 y 1,80 y con acento "de Madrid para arriba", le gritaron que se tirara al suelo. "No me tiré, porque yo vi cómo venían vestidos, qué armas traían y qué tono de voz estaban utilizando, amenazante, y estuve seguro de que ahí mismo me mataban". David se refugió en una esquina y les lanzó el tablero de una mesa construida con un panel sobre dos caballetes. Luego golpeó a uno de ellos con uno de los caballetes y salió corriendo, pero el segundo atracador lo agarró en la salida de la casetilla y entre los dos le esposaron las manos con sus propios grilletes, por delante. Su suerte fue que notó que uno de ellos se daba la vuelta y se le acercaba por detrás, porque en un movimiento reflejo levantó las manos como gesto de protección y evitó que el ladrillazo que iba a darle en la cabeza le impactara de lleno. Aún así le partió varios huesos, pero no perdió el conocimiento y consiguió salir corriendo y llegar a la calle pidiendo ayuda a gritos.
La gente que iba por la calle lo ayudó y llamó a la Policía y al 061. Varios testigos, cuenta Moisés, dijeron a los agentes que acudieron que habían visto escapar a una enorme furgoneta blanca conducida por un tercer varón. "Iban a por la maquinaria y los generadores, que valen 60.000 o 70.000 euros", opina Moisés. "Y no les importó lo que se tuvieran que llevar por delante".
"La obra no tenía medidas de seguridad"
Moisés, indignado por la agresión a su hermano, atribuye parte de la responsabilidad a su empresa por no garantizar su seguridad. “Para empezar, porque los turnos son muy largos: ese día tenía que trabajar 13 horas y media y al final uno no puede estar como al principio. Además no tiene un compañero, ni le facilitan un walkie, no hay cámaras vigilando el recinto y ni siquiera le dan la llave de la casetilla de obra para que esté seguro allí dentro”, enumera, recordando que en los últimos meses ha habido dos agresiones graves a vigilantes, también para robar en las obras.
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http://www.youtube.com/watch?v=OEUMUPDxa7k&feature=player_embedded
SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años y cinco meses de prisión para un vigilante jurado, J.M.G., acusado de robar diez cheques a una empresa ubicada en la localidad de Tomares y rellenarlos "de su puño y letra" para posteriormente cobrarlos en una entidad bancaria, tras lo que fue detenido debido a que dos de sus compinches, y también acusados, dieron cuenta de los hechos a la Policía Nacional.
Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, fue en febrero de 2007 cuando el procesado, "aprovechando su condición de vigilante jurado" de un edificio de Tomares, "se introdujo" en las oficinas de una empresa, "utilizando para ello una llave que había en la portería", y se apoderó de diez cheques pertenecientes a la empresa.
Tras ello, se concertó con los también acusados F.R.J., E.I.V. y R.B.D. "para obtener un ilícito beneficio" con los cheques sustraídos, rellenando "de su puño y letra" cuatro de los cheques y poniéndolos al portador por un importe de 1.000 euros, "imitando para ello la firma" del representante legal de la empresa.
Posteriormente, F.R.J. e E.I.V. lograron cobrar dos de los cheques en sendas sucursales de Castilleja de la Cuesta y San Juan de Aznalfarache, todo ello debido "a la apariencia de verosimilitud que tenían, y sin que los empleados de las sucursales llegaran a sospechar nada, repartiendo entre los cuatro el dinero obtenido".
El fiscal añade que sobre las 11,00 horas del día 15 de febrero de 2007 fue detenido el vigilante jurado en las proximidades de una sucursal bancaria de Camas, "donde se le intervinieron" los otros dos cheques que había rellenado. La detención se produjo después de que F.R.J. y E.I.V. avisaran a la Policía de los hechos.
Por todo ello, la Fiscalía pide para cada acusado un año y seis meses de cárcel por un delito continuado de estafa, así como un año y once meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-piden-carcel-vigilante-robar-cheques-empresa-ser-delatado-compinches-20100920123416.html
Un matrimonio y su hijo de 14 años, que fueron desahuciados de su vivienda, viven ahora en un cuarto prefabricado sin luz, agua ni butano en un campo junto al circuito
J. Padilla /Jerez | Actualizado 18.09.2010 - 13:12La empresa de transporte y tratamiento de efectivo, Blindados Grupo Norte, que actualmente dispone de una cuota de mercado del 5%, está afrontando un fuerte plan de expansión para arrebatarle a los dos grandes operadores, Prosegur y Grupo Securitas (que actúa con la marca Loomis), su posición de dominio en el sector. El primero ostenta el 49% mientras que el segundo controla un 41%. El resto del sector se lo reparten diferentes pequeños operadores.
Blindados, inicialmente propiedad en su mayoría de Grupo Norte (GN), dio entrada en su capital, en 2008, a diferentes cajas de ahorro. En la actualidad Caja Duero, Caja Burgos y Caixa Penedés disponen cada una del 28% mientras que GN controla solamente el 16%.
Con el advenimiento a la propiedad de las entidades financieras citadas entró un nuevo equipo gestor encabezado por su director general. Julio de la Sen que explica a NEGOCIO su business plan. “En cinco años esperamos controlar ya el 20% del mercado y convertirnos antes de una década en el segundo operador”. Para ello han puesto en marcha una fuerte expansión. Si en 2008 cubrían el 40% del territorio español, en la actualidad ya es el 65% y a principios de 2011 abrirán un nuevo centro logístico en Levante y en 2012 darán servicio en el 85% de España.
Los socios financieros actuales han comprometido las necesidades de capital que la empresa va a tener en ese plan de expansión y que se cifran en torno a los 11 millones de euros en el próximo lustro.
Este sector está estancado en un negocio que en 2009 movió 327 millones. Los incrementos son parejos al IPC. Para De la Sen, “existen desde hace muchos años una serie de ineficiencias que los operadores dominantes no han querido subsanar porque los márgenes del negocio han sido siempre muy altos”. Un dato, los precios que pagan los clientes (el 50% corresponden al sector bancario y el resto a retail), han crecido en las dos últimas décadas un 277% mientras que la inflación ha aumentado un 218%. “Por eso se pueden mantener crecimientos de Ebitda del 23%” afirma De la Sen, “nosotros nos conformaremos con menos”.
De la Sen plantea un crecimiento del pastel actual abriendo una tercera vía de ingresos que consistirá en dar servicio a las pymes, descargando de esa labor a las entidades financieras que podrán destinar ese recurso excedentario a mejoras internas de eficiencia. “En cinco años el negocio del sector debería rondar los 500 millones y en una década doblarse” prevé.
Blindados se plantea reducir la tarifa de precios a sus clientes en torno a un 30% en relación con lo que se está cobrando por otros operadores. De entrada, plantean obtener mejoras de eficiencia y trasladarlas al cliente. Después simplificar la tarifa no cobrando por el transporte de dinero y solamente un % sobre el volumen de efectivo tratado de tal manera que el cliente pueda saber el coste exacto de su utilización de cash. “Los clientes saben exactamente el coste que para ellos tiene la utilización de tarjetas que depende de cada negociación particular. Podemos establecer una media de 0,8%. Siempre se ha dicho que el cash es el medio de pago más caro. Nosotros proponemos a nuestros clientes que sepan ahora exactamente cuánto les va a costar”. De la Sen no quiere dar un porcentaje exacto ya que “vamos a hacer trajes a medida de cada necesidad” pero la cifra puede oscilar entre un 1% a un 0,2%.
Fuente: http://economidades.blogspot.com/2010/09/blindados-grupo-norte-pretende-romper.html
Primero fue José María Fidalgo, de CCOO. En abril del 2001 firmó el acuerdo de pensiones en solitario con Aznar y la patronal, teniendo a 1.500 trabajadores de Sintel (afiliados a su sindicato) tirados como perros en el paseo de la Castellana de Madrid. Ahí empezó la traición a los trabajadores. Al año siguiente, su amigo Mariano Rajoy le dejó la televisión pública para vejar, insultar y criminalizar a esos mismos trabajadores que, engañados por las cúpulas sindicales, habían iniciado una marcha a pie hacia la capital. Se comentaba que Fidalgo era un ministro sin cartera de Aznar. Nadie hizo nada para evitar los contratos basura. Ahora, su sustituto, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez (UGT) gritan las mismas consignas que Rajoy, que el PP, que la Conferencia Episcopal y que la extrema derecha junto a 15.000 liberados de los 200.000 que tienen los sindicatos. Se puede convocar una huelga, o 14 si hace falta, porque Zapatero la merece, pero usar la misma táctica que la derecha casposa y cutre para derribar al Gobierno por parte de unos sindicalistas pijos es patético. Qué poquito han aprendido de Marcelino Camacho, que en vez de recibir subvenciones y prebendas del Gobierno y de la patronal estaba en la cárcel.
La revista de la Guardia Civil dedica un interesante articulo a la Seguridad Privada.
17/09/10
PROSEGUR continúa su carrera de expansión en el área de soluciones de seguridad electrónica con la compra de TELLEX S.A, empresa dedicada al negocio de integraciones tecnológicas.
Fundada en 1989 con capitales nacionales, TELLEX S.A es una compañía que satisface las necesidades de las principales empresas de la Argentina en grandes obras de CCTV, extinción y detección de incendios, control de acceso y soluciones bancarias.
Asimismo, es representante de Siemens Industry Inc. para sus líneas de productos de fuego y distribuidora de Diebold Inc. para los negocios de soluciones bancarias en nuestro país.
Con esta nueva adquisión, PROSEGUR refuerza su estrategia de desarrollo del área PROSEGUR TECNOLOGIA iniciada en 2005, con la incorporación de Fireless, Xiden y GIASA; y consolida aún más su liderazgo como referente de seguridad en el mercado argentino, ofreciendo soluciones eficaces e integrales.
PROSEGUR es un referente mundial del sector con presencia en 13 países situados en Latinoamérica y Europa.
En la Argentina, con más de 12.300 empleados, es la única empresa que ofrece un amplio abanico de servicios corporativos: consultoría de seguridad, vigilancia activa, telecontrol-televigilancia, protección anti-intrusión, protección contra incendios, gestión del efectivo, gestión de cajeros, logística de valores. A ello se le suma que posee total cobertura a nivel país.
Asimismo, la compañía está certificada por su gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2000, otorgada por IRAM, y por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El departamento baraja sustituir a los ertzainas por personal de seguridad privada en todas las funciones que sea posible.
Bilbao. La progresiva privatización de los servicios de la Ertzaintza que han venido denunciando los sindicatos ha echado a andar. Y es que, según ha desvelado la sección de ELA en la Policía vasca, el Departamento de Interior tiene intención de sustituir a ertzainas por agentes de seguridad privada en todas aquellas funciones que sea posible. Con este objetivo, la Consejería que dirige Rodolfo Ares ha enviado un requerimiento a todos los jefes de unidad en el que les insta a elaborar una relación de todos los puestos bajo su mando susceptibles de ser ocupados por trabajadores de empresas privadas.
Con el encabezamiento Puestos susceptibles de ser cubiertos por seguridad privada, dicho documento insta a los responsables policiales a realizar "una valoración y análisis sobre qué puestos de su unidad podrían ser ocupados por personal de seguridad privada sustituyendo a los ertzainas". En lo que se refiere a Bizkaia, el Departamento excluye de este posible trueque las oficinas de atención al ciudadano, el centro penitenciario de Basauri, los palacios de justicia de Barakaldo y Bilbao, la Casa de Juntas y las Juntas Generales. El plazo para llevar a cabo ese listado concluye hoy mismo, por lo que los cambios podrían ser inminentes.
A la espera de que se clarifique en qué se concreta esta medida, el sindicato ELA vaticinó ayer que afectará al menos a las tareas de seguridad que llevan a cabo actualmente los ertzainas, así como a los agentes que se encargan de la atención directa al ciudadano en las comisarías. Todos ellos podrían ser sustituidos por personal privado, presumiblemente en las 26 comisarías de la Policía vasca en la CAV.
En una nota informativa interna a la que ha tenido acceso este periódico, ELA se lamenta de que "desgraciadamente, las peores previsiones se van cumpliendo", en referencia a la intención de Rodolfo Ares de "atacar las condiciones laborales de la Ertzaintza y de centralizar y privatizar todo lo posible". Un objetivo que, según su parecer, queda demostrado por la circular enviada por las jefaturas territoriales a cada jefe de unidad.
Falta de plantilla La central abertzale critica que este afán de "subcontratar todo lo que consideren posible" tendrá consecuencias en la segunda actividad de los er-tzainas, ya que "eliminará puestos susceptibles de ser ocupados por compañeros en esa situación administrativa", en referencia a los agentes con minusvalías o con una cierta edad. ELA denuncia la "progresiva precarización de las condiciones laborales" y concluye que el modelo impuesto por Ares "pone en duda, incluso, el carácter de servicio público que prestamos", al dar a entender que las funciones de los ertzainas pueden ser llevadas a cabo por personal contratado.
Un portavoz de ELA valoró ayer a DEIA que esta iniciativa es producto, de nuevo, de la falta de personal de la Ertzaintza, y que persigue "rascar agentes de cualquier sitio para no incrementar la plantilla". Agregó, llevando la situación al extremo, que "sólo falta que en el futuro veamos patrullar a una pareja de seguridad privada con un er-tzaina". Todos los sindicatos reclaman la ampliación de la plantilla del tope actual de 8.000 agentes.
Fuente: http://www.deia.com/2010/09/17/politica/euskadi/interior-planea-la-privatizacion-de-la-ertzaintza
Un interesante artículo en fotografía perfecta donde nos cuentan las respuestas a esas dudas que tenemos cuando tiramos una fotografía en algún lugar donde pensamos si es legal o no hacerlo. En este texto nos explican con mucha claridad que si es posible hacer fotografías en aviones, aeropuertos, agentes de la autoridad, centros comerciales, lugares públicos, … y hemos añadido al final algunas matizaciones aparecidas en los comentarios hablando del nuevo Programa de Seguridad Nacional aprobado el 1 de octubre de 2009 y donde se puntualizan cosas que ya no es posible hacer. Por ejemplo ya no es posible realizar fotografías dentro de los aeropuertos sino es con autorización expresa, así que ten cuidado.
Aquí tenéis el manual de donde puedes hacer fotografías que no puedo modificar para respetar la licencia de su autor, aunque por precaución he añadido una nota personal en las partes del aeropuerto, espero que el autor lo entienda:
NO. Bajo ningún concepto. El único que puede ordenar la destrucción de la propiedad decomisada es un juez. Y para eso antes tiene que ser decomisada y por tanto constar en un informe y existir una denuncia.
La tarjeta de memoria es propiedad privada así como lo es un carrete. El contenido de la tarjeta de memoria y las fotos de un carrete, además de ser de propiedad privada, están sujetas a la ley de propiedad intelectual.
¿Que hacer si nos pasa? Recordadle al agente que el contenido de la tarjeta o del carrete es de propiedad privada. Ordenar la destrucción de propiedad privada es ilegal. Solo se pueden destruir los bienes decomisados y siempre por orden de un juez tras ser demostrado el delito penal y demostrada la peligrosidad o posible mal uso del bien decomisado. Esa función corresponde exclusivamente a un juez excepto en el caso de armas y explosivos. Eso quiere decir que el borrado de la tarjeta podría ser denunciable por el artículo 508 del código penal, “La autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiera ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”
Acto seguido, dadle vuestros datos, pedidle que os denuncie y que en caso de ser oportuno os detenga, ya que la “resistencia a la autoridad” es lo único que puede alegar y así tampoco podrá (y si lo hace será detención ilegal… ya que no hay delito).
Eso sí… en caso de que no veáis otra salida más que el borrado, dadles la cámara y que ellos pulsen el botón de borrado, porque de lo contrario, podrían decir que lo borrásteis voluntariamente y así cometen el delito contra la propiedad intelectual. Y siempre con testigos, porque un agente de la autoridad tiene presunción de veracidad, es decir, si es su palabra contra la tuya, él gana.
Si es legal. Cualquier prohibición de realizar fotografías en un recinto no es aplicable fuera del recinto, apuntes a donde apuntes la cámara. Si estoy fuera del aeropuerto, puedo hacer fotos a cualquier cosa que se vea desde fuera. Como ejemplo, los guardias civiles que vigilan el congreso de los diputados. Os invito a cualquiera que sea de madrid a ir y preguntarles. (Nota de David Carrero: El nuevo Plan de Seguridad Nacional prohibe realizar fotografías en los aeropuertos, informate antes)
Si. Eso no quita que por cortesía, se les debería informar (no pedir permiso, informar). En el caso que estén en acto de servicio en un lugar público, sí que es lícito fotografiarles puesto que son personas en lugar público ejerciendo un cargo público y se aplica la ley 1/1982 artículo 8a.
NO. Según la ley 2/1986 solamente Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación, los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales son fuerzas de seguridad y tienen potestad para hacer cumplir la ley.
Los miembros de los cuerpos de seguridad extranjeros en España no pueden aplicar ninguna ley española si no van acompañados de un agente de la autoridad de una de las fuerzas recogidas en la ley 2/1986, y además solo pueden realizar detenciones civilessegún lo estipulado en el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, sonciudadanos normales.
Si os intentan impedir lo que sea y estáis fuera del recinto del aeropuerto, llamad a la policía nacional, local o a los mossos, ya que es su jurisdicción.
En contra de la creencia popular que es que no, el caso es que en un lugar público, es legal hacer fotografías puesto que ninguna ley lo impide.
Lo que sí es cierto que muchos organismos hacen, es que es necesario un permiso e incluso pagar una tasa por hacer fotografías en el interior, alegando las molestias, pero eso solo es legal si montas un trípode. Eso por ejemplo lo hace AENA que te cobra 3000 euros diarios por hacer una sesión de fotos en el interior de un avión, o el ayuntamiento de Barcelona que te cobra 359 euros por hacer fotografías en la vía pública si necesitas montar un trípode o luces (en realidad solo lo aplican a publicidad, por suerte). Pero si uno va con la cámara en la mano, en una dependencia pública, puede hacer lo que se le antoje. Curiosidad: las tasas por grabar o hacer fotos en NY son CERO. (Nota de David Carrero: El nuevo Plan de Seguridad Nacional prohibe realizar fotografías en los aeropuertos, informate antes)
NO. Ni siquiera un agente de las fuerzas del orden a menos que me esté deteniendo. Y si te tocan la cámara, es una AGRESIÓN y es denunciable.
NO. En ningún caso.
Tema interesante… un centro comercial es un recinto privado que pertenece a una empresa, pero… mientras está abierto al público y no se requiere de identificación para entrar, tiene la condición de recinto público, así que se aplica el punto anterior.
Desde el punto de vista de la propiedad del mismo, puede ser de titularidad privada, pero en las zonas donde no se requiere identificación para entrar, es un recinto público y se aplican las normas como tal. Sí, es así… es decir, podría entrar al Corte Inglés y hacer fotos a todo, porque mientras esté en horario de atención al público y no use un trípode, puedo hacer lo que me de la gana con la cámara. (Nota de David Carrero: El nuevo Plan de Seguridad Nacional prohibe realizar fotografías en los aeropuertos, informate antes)
NO. No por todo el aeropuerto. Las zonas con acceso restringido NO tienen carácter de espacio público y por tanto, la entidad o empresa propietaria es la que autoriza a hacer fotografías. Eso por ejemplo, afecta a las pistas, que son de acceso restringido. Tampoco se aplica a las zonas en las que debes llevar un título de transporte o billete. Por ejemplo, podemos hacer fotos en el vestíbulo del metro, pero requerimos de autorización una vez pasadas las taquillas. También se requiere autorización, por ejemplo, en el interior del avión o en la puerta de embarque porque no se consideran zonas públicas sino de acceso restringido, aunque ahí la normativa no se suele aplicar. (Nota de David Carrero: El nuevo Plan de Seguridad Nacional prohibe realizar fotografías en los aeropuertos, informate antes)
NO. Bajo ningún concepto. Sin excepción.
No. Al menos, no por hacer fotos. Lo que sí puede hacer un agente es aplicar el artículo 19 de la ley 1/1992, que dice “Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento.”
Es decir, podrían alegar, por ejemplo, que por razones de “vuestra propia seguridad” debéis abandonar la zona, pero para eso deberían exponeros la razón. Y por cierto, según la ley 1/1992 sobre seguridad ciudadana, a no ser que haya un derrumbe o una pelea o una proximidad peligrosa a una carretera, no pueden echaros.
En España un edificio o monumento no puede tener copyright. Lo intentó el PP pero no prosperó, porque entonces grabar un travelling por una calle de madrid o barcelona costaría un ojo de la cara en derechos de imagen.
En el caso de un avión, un objeto que tiene una propiedad industrial que está en un espacio público, no tiene ningún tipo de restricción.
En el caso de una marca registrada situada en un espacio público, no existen restricciones.
En el caso de propiedad intelectual, por ejemplo, fotografiar una fotografía de otro, cabe destacar que en ningún caso la toma está prohibida… sí su publicación sin autorización expresa. Pero igualmente no te pueden impedir que hagas la foto.
No sin autorización del organismo competente (la DGAC o AENA).
Lo mismo, cualquier objeto que se eleve por encima de la valla del aeropuerto requiere autorización de la DGAC o AENA.
NO. NO Y NO. No existe en España ninguna ley que prohiba a un ciudadano hacer fotografías desde cualquier lugar público. Incluso podemos hacer fotos de una comisaría o base militar sin restricción ninguna, ya que lo que sea “secreto” o “sensible” no estará ni a la vista del público ni en una zona de acceso público.
Eso sí, si vamos a hacer fotos (al exterior) de un cuartel de los mossos o algo así, es tan simple como entrar, que te tomen nota del DNI y avisarles que vas a hacer fotos. Es decir, no se trata de pedir permiso sino de informar. Todo esto es para que no nos detengan bajo el artículo 576 del código penal, “1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista.
2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones… (etc etc)”
Es decir, si te identificas voluntariamente antes de hacerlo, no puedes ser sospechoso de nada, y no te pueden impedir hacer las fotos.
Por el contrario, en el reglamento militar sí que existe un castigo para los militares que hagan fotos a instalaciones sensibles, pero es que eso existe porque se supone que sí están autorizados a acceder.
(C) 2008 “Flatline” para Aviadores Virtuales Asociados (www.aviadoresvirtuales.org)
La reproducción total y/o parcial están permitidas expresamente por el autor, siempre que se incluya en la reproducción la leyenda del copyright sin alteración alguna. La alteración del contenido queda expresamente prohibida.
En el nuevo Programa Nacional de Seguridad, vigente desde el 1 de octubre de 2009, se han incluido las limitaciones descritas a continuación respecto a la toma de fotografías y/o grabaciones en el recinto aeroportuario.
Capítulo 2.2.1 – “Está prohibido hacer fotografías y grabaciones con cualquier medio dentro del recinto aeroportuario, salvo autorización expresa de la Autoridad Aeroportuaria, en las siguientes zonas:
Por tanto, no son objeto de prohibición las fotografías o grabaciones realizadas en plataforma a aeronaves, vehículos, estacionamientos… como parte de las funciones habituales del trabajador, siempre que no muestren procedimientos, instalaciones, equipos… vinculados a la seguridad aeroportuaria.
“Este apartado es de obligado cumplimiento para pasajeros y trabajadores del aeropuerto, estando exentos de esta prohibición:
Garantizar que no se divulgue información relativa a las medidas de seguridad adoptadas así como los procedimientos, equipos, instalaciones… necesarios para llevarlas a cabo, evitando que se produzcan mermas en el nivel de seguridad que entre todos tenemos que mantener.
En el caso de trabajadores con acreditación aeroportuaria, se les podrá retirar la acreditación:
Tanto a pasajeros como a trabajadores se les podrá aplicar la ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea, al menos en los artículos:
ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general estatal de la Federación de Servicios de UGT, José Miguel Villa, ha afirmado que "no sólo" el sindicato va a ir a la huelga general convocada para el 29 de septiembre "por la reforma laboral" sino por las pensiones y los presupuestos del año próximo, que ha calificado como "antisociales".
El sindicalista ha indicado este jueves en Zaragoza que la reforma laboral "tal y como está planteada, no sirve para lo que necesita el país", ya que actualmente "estamos en 4.700.000 parados y ascendiendo", y una reforma que lo que pretende es "abaratar y facilitar el despido", lo "único" que va atraer como consecuencia es que "aumente el desempleo".
De esta forma, según Villa, habrá "un traspaso de contratos con mejores salarios y mejores condiciones", que serán sustituidos por otros contratos "en precario y con peores salarios".
"Pero no sólo vamos a la huelga general por la reforma laboral", ha reiterado, también acudirán por la "amenaza de las pensiones", la "amenaza" del presupuesto del año que viene, que considera que va a ser "completamente antisocial", y la "amenaza" de que el Gobierno quiera gestionar "al margen de los agentes sociales", unos nuevos mecanismos de negociación colectiva.
Villa ha advertido que si estas "amenazas" siguen la línea de la reforma laboral, "atentarán muy gravemente" contra lo que es "básico" para los trabajadores y sindicatos, "la capacidad de negociar sus propios convenios colectivos".
Con la reforma, ha subrayado el responsable de FES UGT, las empresas de 20 ó 30 trabajadores "podrán anunciar que prevén pérdidas para el año que viene" y podrán despedir trabajadores en vez de con 45 días, con 20 días, de los cuales "una parte ni siquiera la va a pagar el empresario, sino que la va a pagar el Estado". Antes, ha matizado, "no se podía despedir trabajadores por prever pérdidas".
Un ejemplo de las consecuencias que puede traer la reforma laboral, ha explicado Villa, "está en el sector de la limpieza de locales". Con la imposibilidad de los ayuntamientos de seguir endeudándose, "están dejando de pagar las contratas en muchos de ellos". En algunos, incluso, "se están planteando reducir el presupuesto en la limpieza y reducir trabajadores", ha comentado.
15/09/2010 - M. Olarte / El Progreso (Lugo)
Más del 70% de los avisos que los centros de control de alarmas trasladan a las fuerzas de seguridad del Estado resultan ser falsos. Éste fue uno de los datos que se puso ayer de manifiesto en la jornada sobre diversos aspectos del sector de la seguridad privada, que se celebró en Lugo organizada por la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de la Seguridad Ciudadana (Aecra).
Los expertos en seguridad privada que realizaron las ponencias abogaron por un mayor y mejor empleo de la videovigilancia en locales, lugares de trabajo y domicilios para reducir este porcentaje de falsas alarmas, que obliga a movilizar sin motivo recursos públicos.
Otro de los puntos que se trataron fue el efecto que la Ley Omnibus tendrá en sector. El principal será la liberalización de la instalación de alarmas, con lo que cualquiera, y no sólo las empresas de seguridad autorizadas por Interior, podrá ofrecer ese servicio. Lo que no podrán hacer es conectar la alarma a una central de avisos, algo que seguirá reservado para las empresas homologadas.
Al respecto, José Iglesias, presidente de Aecra, señaló que todavía «es muy pronto para conocer el efecto real que esto tendrá en el sector», aunque confió en que las empresas «no se vea muy afectadas porque la gente seguirá apostando por la profesionalización».
De entrada, Iglesias explicó que podrían producirse dos efectos: «Primero, se supone que habrá más alarmas porque la liberalización hará que bajen los precios, lo que a su vez pude provocar un aumento de las falsas alarmas. Pero, por otro lado, como esa liberalización no alcanza a la alarmas conectadas a un centro de control, tampoco está muy claro que vaya a producirse esa aumento de alarmas falsas».
Pública-privada
La jornada fue inaugurada por el subdelegado del Gobierno, José Vázquez Portomeñe, y clausurada por el comisario de la Policía Nacional Manuel Teijeiro. Ambos incidieron en la importancia de la seguridad privada dentro de la seguridad ciudadana y de la necesidad de que el sector siga avanzando en Lugo.
Teijeiro añadió que este sector aporta a las fuerzas del orden «un plus de seguridad y otro plus de información».
El presidente del PP argumenta que la junta también contrata seguridad privada
El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, ha propuesto hoy que vigilantes privadas protejan a las víctimas de violencia machista. Arenas afirmó que la plantilla de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía ha "descendido de forma espectacular" para justificar su plan.
Arenas, quien hoy ha presentado a distintos colectivos el plan de protección integral e individualizada para mujeres víctimas de violencia de género que elabora el PP, añadió como argumento que también la Junta contrata seguridad privada y resaltó el caso de la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo. "Si se puede tener seguridad privada para proteger edificios, por qué no para proteger a las mujeres víctimas de malos tratos", se ha preguntado Arenas, quien añadió que no es muy partidario de la seguridad privada. "Siempre es mejor esta opción que nada", afirmó.
Tras recordar que está fórmula ya funciona con gran éxito en otras comunidades autónomas, como Navarra, Arenas ha explicado que su grupo parlamentario va a presentar una proposición no de ley en la Cámara Autonómica en la que se considera urgente la puesta en marcha de un plan de protección integral e individualzado para las mujeres víctimas de la violencia machista que garantice la seguridad y protección mediante el trabajo coordinado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la seguridad privada.
Este plan se articularía a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Junta que garantizará los medios, el control y la financación, y que contemplará una comisión de seguimiento y evaluación de riesgos y revisión permanente.
Arenas ha recordado que muchas de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas - 12 en lo que va de año en Andalucía y 47 en España- contaban con una orden de protección, lo que supone una señal de "alarma" para reclamar más medios.
Así, el presidente del PP-A ha indicado que su partido presentará un bloque de enmiendas en los Presupuestos de la Comunidad para 2011 para garantizar la protección de las víctimas de violencia machista, ya que "se puede recortar antes en quinientos sitios".
Por otra parte, Arenas ha demandado el desarrollo de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la violencia de Género de 2007 y ha exigido un plan de sensibilización y un calendario de prioridades en el que se especifiquen la dotación de recursos puestos a disposición para la aplicación de medida previstas.
"Lo urgente es salvar vidas y lo importantes es que haya una sensibiliación cada vez mayor", ha dicho el presidente del PP-A, quien, a pesar de reconocer que en Andalucía hay ciertos avances en la lucha contra esta lacra social, éstos son "a todas luces insuficientes".
De este modo, ha defendido la necesidad de que todas las formaciones políticas dejen a un lado la confrontación política para luchar "codo con codo" contra la violencia machista, por lo que ha confiado en que la proposición no de ley del PP salga adelante con el consenso de todos los partidos.
El Prat de Llobregat (Barcelona), 13 sep (EFE).- Más de 200 personas han asistido esta mañana a la asamblea convocada por los sindicatos UGT y CCOO en el aeropuerto de El Prat de Llobregat para movilizar a los empleados en la huelga general del próximo 29 de septiembre, en la que esperan paralizar el aeropuerto barcelonés.
El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, y el de CCOO, Joan Carles Gallego, se han dirigido a los empleados del aeropuerto en la asamblea.
El líder de UGT confía que "el 29 de septiembre se paralice el aeropuerto porque no habrán medios de transporte para acceder al mismo y los aviones no podrán salir por falta de personal de tierra y controladores".
"Las personas que tengan un billete para ese día lo deberían cambiar y las compañías aéreas deberían tener presente la convocatoria y no vender billetes para ese día", ha dicho Álvarez.
El dirigente de UGT se ha mostrado "convencido" de que la huelga "será un éxito de participación que hará reflexionar al Gobierno sobre las medidas que ha tomado y dar marcha atrás en la reforma laboral como ha hecho con tantas otras cosas".
"El próximo 29 de septiembre paralizaremos el país, la huelga general será un éxito de participación porque cuando explicamos a los trabajadores que las reformas que se están poniendo en marcha son inútiles para salir de la crisis y para crear ocupación y además son injustas porque recortan derechos laborales, lo trabajadores entienden que tienen que paralizar el país", ha dicho Joan Carles Gallego. EFE 1010186
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=514849
El Obispado 'blinda' su sede tras los últimos conflictos laborales
Escrito por Asociación de Seguridad Privada Domingo, 12 de Septiembre de 2010 09:23
El sector de la seguridad privada lleva 24 meses sin convenio colectivo. Han convocado huelga general en el sector y la han desconvocado el día antes, han informado de medidas que luego no han realizado...
COMUNICADO. ASP/92 no está para nada de acuerdo con los cambios que el Gobierno ha realizado, como la rebaja salarial a funcionarios, la congelación de las pensiones, o la reforma laboral, que según ha pasado por las diferentes cámaras ha sido endurecida para la clase obrera.
Reforma laboral que si para cualquier trabajador es perjudicial, para el perteneciente al sector de la seguridad privada es peor, debido a la gran eventualidad y precariedad salarial que sufrimos desde tiempos inmemoriales.
Tampoco estamos de acuerdo en cómo los dos sindicatos mayoritarios de España, como son UGT y CCOO, han gestionado la defensa de los trabajadores frente a todos estos problemas que afectan a casi toda la sociedad, y menos aún, la defensa de los que afectan al personal de seguridad privada en concreto.
El sector de la seguridad privada, gracias a UGT y CCOO, lleva casi 24 meses sin convenio colectivo y totalmente dividido porque los dos 'grandes' no se han puesto de acuerdo en como presionar a la patronal. Además han judicializado el sector de una manera atroz, sin intentar llegar a acuerdos con la patronal para solucionar el tema de las horas extra de años anteriores, debido al error del convenio 2005-2008. Han convocado huelga general en el sector y el día antes la han desconvocado, han realizado reuniones informativas para contar las medidas de presión a realizar y luego apenas han llevado a cabo ninguna de esas medidas, etc.
Ahora nos llaman a todos los trabajadores a la huelga general el día 29 de septiembre, con todo tipo de merchandising: pegatinas y carteles con la frase 'gancho' 'Yo voy', vídeos en los que echan la culpa a todos menos al Gobierno, etc.
Huelga que consideramos tardía y solo ha sido convocada por obligación y para quedar bien de cara a la galería.
Por todo esto y para que UGT y CCOO se den cuenta de que no van por buen camino y que creemos que están a tiempo de cambiar. Y si no es así que dejen a otra plataforma que defienda nuestros derechos, la asociación de seguridad privada ASP/92 comunica que:
'Nosotros no vamos'
Animamos a otras asociaciones, sindicatos o colectivos a que hagan lo mismo que nosotros para que esta llamada de atención sea lo más efectiva posible.
Asociación de Seguridad Privada ASP/92
Fuente: http://www.bottup.com/201009126489/Organizados/asp92-y-la-huelga-general-del-29-9.html
Con la policía autónoma a su servicio, 88 auxiliares de seguridad propios funcionarios de la Junta, 19 coordinadores de seguridad, y 2 jefes de unidades de seguridad de edificios, José Antonio Griñán, quiere contratar tres puestos de seguridad privada para su palacio de San Telmo.
El contrato del concurso es por año y medio, según consta en los pliegos de condiciones, desde el 1 de enero de 2011 a 30 de junio de 2012, y el costo asciende a 267.000 euros sin IVA, que pasan a 315.060 euros sumado dicho impuesto.
La descripción del servicio objeto de la contratación indica que serán 14.904 horas a prestar en el Palacio de San Telmo en tres puestos de seguridad, desglosados en dos puestos fijos y uno itinerante, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 21:00 horas. Las funciones a realizar coinciden con las encomendadas a los agentes de seguridad de la propia Junta de Andalucía.
El pliego de prescripciones técnicas indica que existe una subrogación de personal que presta servicio en la Plaza de la Contratación (2 vigilantes de seguridad) y Av. De la Borbolla (1 vigilante de seguridad), puestos que, presumiblemente, pasan a prestar servicio a San Telmo con la mudanza realizada el pasado mes de agosto.
A pesar de contar con la policía autonómica que vigila el Palacio de San Telmo, la propia Junta de Andalucía cuenta con un cuerpo propio de 88 agentes de seguridad, 19 coordinadores de seguridad y 2 jefes de unidades de seguridad de edificios adscritos a la Consejería de Gobernación y Justicia que controla Luis Pizarro. Este cuerpo empezó a existir desde finales de los años 80 y tienen encomendadas las funciones de vigilancia y protección de los edificios públicos de la Junta de Andalucía, el control de acceso a los mismos y la revisión de la correspondencia mediante scanner. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha venido privatizando el servicio de seguridad de todas las consejerías y delegaciones provinciales, retirando de las mismas a este cuerpo de agentes de seguridad propios y relegándolos tan solo a la vigilancia de las sedes de Gobernación y Presidencia, con lo que el costo en materia de seguridad se ha elevado exponencialmente en la Junta de Andalucía estos últimos años.
Auxiliares de seguridad inútiles para una Junta que no confía en ellos.
A pesar de venir funcionando desde final de los años 80, el cuerpo de auxiliares de seguridad aparece creado como tal en el Artículo 41 de la Ley 9/1996 de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público. Se indicaba, así, en su punto 2 que "las funciones que se encomiendan a este cuerpo son las de vigilancia, custodia y seguridad de los edificios, centros, dependencias, instalaciones y medios de la Junta de Andalucía; el control de acceso y permanencia de personas a los lugares anteriormente citados y del buen uso de los medios en ellos existentes; el control, a efectos de seguridad y con los medios adecuados, de mobiliario, paquetería, documentación cerrada, precintada o lacrada que pueda entrar en los lugares citados, y, en general, cualquier acción o actividad que pueda tener relación con las funciones anteriormente descritas."
Las funciones definitivas para este cuerpo vienen recogidas en el Decreto 189/2003, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional del Cuerpo de Funcionarios Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía, que en su artículo 5 indica:
Artículo 5. Funciones del Cuerpo.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado del artículo de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, las funciones que se encomiendan al Cuerpo de Funcionarios Auxiliares de Seguridad son las siguientes:
a) La vigilancia, custodia y seguridad de los edificios, centros, dependencias, instalaciones y medios de la Junta de Andalucía.
b) El control de acceso y permanencia de personas a los lugares anteriormente citados y del buen uso de los medios en ellos existentes.
c) El control, a efectos de seguridad y con los medios adecuados, de mobiliario, paquetería, documentación cerrada, precintada o lacrada que pueda entrar en los lugares citados.
d) En general, cualquier acción o actividad que pueda tener relación con las funciones anteriormente descritas.
2. Asimismo, llevará a cabo las siguientes funciones:
a) Efectuar la supervisión e informe de las funciones que se realizan en los controles de acceso y vigilancia interior.
b) Garantizar la vigilancia del control de accesos y de los vehículos asignados para el servicio.
c) Velar por el funcionamiento del equipamiento y de los medios disponibles para la prestación del servicio.
d) Ejercer las funciones de coordinación y todas aquéllas que les sean propias cuando estén prestando sus servicios en la Central de Alarmas y Enlaces.
e) Verificar el funcionamiento de los sistemas de seguridad instalados en los edificios de la Junta de Andalucía, conforme a la planificación e instrucciones que se determinen en cada momento.
3. Para el adecuado cumplimiento de las funciones anteriores, los funcionarios del Cuerpo deberán:
a) Dar cumplimiento a las instrucciones relacionadas con los servicios que se prestan, en los términos que se transmitan por los superiores jerárquicos.
b) Identificar y acreditar a los ciudadanos que accedan a los edificios, indicándoles, en su caso, la dependencia que éstos demanden visitar. Cuando las condiciones técnicas y de personal lo permitan se solicitará la conformidad de la persona o dependencia que los vaya a recibir.
c) Cuando se prevea cualquier situación que altere o pueda alterar el normal desarrollo de la actividad en el edificio, centro, dependencia, instalación y medios de la Junta de Andalucía objeto de protección, inmediatamente dar conocimiento a quien proceda y adoptar las medidas de urgencia que se estimen necesarias.
d) Verificar el cumplimiento del servicio de vigilancia, el funcionamiento del equipamiento técnico y de los sistemas de seguridad instalados en los edificios.
e) En el ejercicio de sus funciones y en situaciones de necesidad, seguir las instrucciones que impartan los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
f) Colaborar con los servicios de apoyo exterior (bomberos, protección civil, servicios sanitarios, etc.) en la ejecución de los planes de emergencia y evacuación de los edificios públicos donde presten sus funciones, que deberán conocer precisa, puntual y documentalmente.
g) Aún estando sujetos a los medios de control que para el personal de Administración general exista en los edificios en que presten servicio, la permanencia en su puesto de trabajo la acreditarán comunicando puntualmente a la Central de Alarmas y Enlaces la entrada, la salida, la imposibilidad de incorporarse al servicio y las ausencias que puedan producirse durante la jornada laboral.
Hay que recordar a los lectores que, por ejemplo, en este cuerpo de auxiliares de seguridad propios de la Junta de Andalucía presta servicio Carlos Chaves González, hermano de Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente 3º y Ministro de Política Territorial del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Este nuevo dispendio en seguridad disponiendo de personal específico para realizar la tarea, se une a al costo de remodelar el palacio, costo que según el PP señaló el pasado mes de mayo, ha pasado de los 46 millones que admite la Junta de Andalucía a más de 60 millones de euros.
RTVE.es - MADRID 09.09.2010
El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la nueva ley que regula el mercado laboral en España, que introduce, entre otras novedades, un despido más barato a través de la generalización del contrato indefinido con 33 días de indemnización y la flexibilización del despido objetivo -20 días de indemnización-, así como un mayor control sobre los desempleados, que busca incentivar la búsqueda de empleo. Los principales puntos son los siguientes:
Las empresas critican que un grupo de gitanos haya asumido la vigilancia «ilegal» del polígono de Esmaltaciones
El acusado se apoderó presuntamente de unas zapatillas deportivas valoradas en 93 euros
EUROPA PRESS La Fiscalía de Málaga ha solicitado tres años de prisión para un hombre al que acusa de robar en un centro comercial de la capital varios objetos y presuntamente agredir a una vigilante del establecimiento cuando pretendía huir del lugar.
Los hechos sucedieron en octubre del pasado año cuando el acusado fue a dicho centro comercial y se apoderó de unas zapatillas deportivas, valoradas en 93 euros, entre otros efectos, según las conclusiones iniciales del fiscal.
Cuando intentaba salir con ellas del local, sonó la alarma, según indica el ministerio público en su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se precisa que en ese momento acudió una vigilante, que intentó interceptarlo.
Así, según la acusación, el acusado dio un empujón a la mujer, "tirándola al suelo donde le dio una patada", tras lo que intentó huir, aunque fue finalmente detenido por otro vigilante en la vía pública, recuperándose los objetos sustraídos.
Para el fiscal, los hechos se tratan de un delito de robo con violencia en las personas, por el que pide los tres años de cárcel; y de una falta de lesiones, por la que pide el pago de una multa de 1.000 euros. Además, como indemnización, solicita 600 euros.
tras neutralizar al vigilante.
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tres encapuchados han atracado sobre las 11 horas de este sábado atracan una joyería en el centro comercial El Círculo, de Torrejón de Ardoz, tras neutralizar al vigilante de seguridad, como ha explicado la gerente del área comercial en un comunicado.
Desde la gerencia sospechan que los dos primeros encapuchados podrían haber sido ayudados por otra persona, que supuestamente estaría esperándoles en un coche estacionado en la avenida Constitución.
Mientras dos de ellos entraban en la joyería, el tercer individuo era retenido por la seguridad del centro comercial hasta que vació un extintor de polvo en la cara del vigilante produciendo una nube blanca con la que logró zafarse de él.
Los tres emprendieron la huida llevándose parte del botín sustraído de la joyería y sin dejar más que unas ligeras contusiones en el vigilante. El robo, según el centro comercial, se ha producido en apenas un minuto. Los ladrones han huido en un vehículo que había sido previamente robado en otra localidad.
Reunión de la Junta Directiva de Aproser Andalucía en Málaga. Ésta es la provincia con mayores incidencias de este tipo.
MÁLAGA.- La patronal del sector de la seguridad privada, APROSER, con más de 30 años de existencia, muestra su preocupación por el intrusismo existente en el sector, representado por empresas o personal de seguridad que no cuentan con la autorización administrativa requerida para desempeñar estas funciones. Esta situación suele tener como consecuencia que estas empresas no respetan los derechos de sus trabajadores o no cotizan debidamente sus responsabilidades con la seguridad social.
La lucha contra todo tipo de intrusismo constituye, asimismo, “una prioridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” según reconoció en un comunicado la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior. Esta es también una de las principales preocupaciones existentes desde la fundación de Aproser‐Andalucía, en 2007.
En la reunión de Málaga se ha abordado específicamente el férreo compromiso de lucha contra este problema, que acecha al prestigio de la profesión y supone la
intensificación de la competencia desleal. Por ello, las empresas asociadas a la patronal del sector, han decidido plantear una serie de medidas para frenar la
proliferación de contratos adjudicados a empresas compuestas por personal sin habilitación para desempeñar las funciones de la seguridad privada.
A tales efectos, la Comisión Mixta Provincial de Málaga se ha venido reuniendo durante los primeros meses del año y en ella se ha presentado una serie de
propuestas, por parte de los diversos agentes sociales y empresariales, específicamente centradas en la lucha contra el intrusismo.
La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental viene demostrando, de manera sostenida y continuada, su preocupación por esta situación y en los últimos meses ha incrementado sus dispositivos de vigilancia y sanción para las empresas que no dispongan de personal debidamente habilitado por el Ministerio del Interior, previa aprobación de los exámenes teóricos y prácticos que éste exige.
Asimismo, la subdelegación del gobierno en Málaga, dirigida por Hilario López Luna, está demostrando una magnífica disposición para solucionar los problemas de intrusismo en el sector.
Los datos manejados por APROSER revelan que la provincia andaluza en la que más incidencia tiene este tipo de irregularidades es Málaga. Concretamente, en esta provincia ocurre que muchos servicios de seguridad son desempeñados por empresas auxiliares, de forma irregular, y suelen estar ligados al sector inmobiliario. Asimismo hay que destacar que las autoridades públicas deben tener conciencia de que en los procesos de contratación, con el respeto a la libre competencia, la contratación debe desarrollarse de acuerdo a los precios de mercado, forma de evitar que existan empresas que realicen ofertas que solo pueden sostenerse razonablemente desde una posible infracción a la Ley.
Con la actual situación de crisis económica, algunas empresas y organismos han optado por reducir gastos en sus servicios de vigilancia y ello ha afectado de forma
notable a la demanda de servicios de seguridad, protección y vigilancia, que en el último año ha caído más de un 4%.
Andalucía tiene un total de 200 empresas de seguridad inscritas en el Ministerio del Interior, cifra sólo superada por la Comunidad de Madrid, en la que figuran un total de 310 compañías.
Imputados dos guardias civiles y un vigilante privado
"Te voy a dar una paliza que vas a mear sangre". "No te voy a cobrar el walky que hemos roto cuando te hemos roto las costillas". "Te metemos la porra por el culo y te la sacamos por la boca". Esas son algunas de las frases que se escuchan en la grabación efectuada en el interior de un coche que usaban los agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques. Son algunas de las frases que prueban que los agentes de la Guardia Civil Carlos augusto Palomo y Antonio Cano, junto con el agente de seguridad privada Ángel Vicente León, torturaron a un inmigrante sin papeles de origen cubano detenido en un hipermercado de Alboraia por un hurto. A la víctima se le escucha llorar, gemir, suplicar: "No me pegue, señor, no me pegue más, por Dios".
El guardia civil Palomo está en prisión provisional en Castellón por su supuesta implicación en una red de narcotráfico a la que facilitó información que fue vital para que la banda pudiera sacar contenedores de cocaína del puerto de Valencia impunemente, hasta que fueron pillados. El otro agente, Antonio Cano, mantiene su destino en Tavernes Blanques, tiene un expediente disciplinario de régimen interno aún, tras casi dos años, sin concluir.
El pasado 13 de julio estaba prevista la celebración de juicio contra los tres (los dos agentes de la Guardia Civil y el vigilante privado) pero se suspendió. Las defensas plantearon la nulidad de las escuchas, y con ello de la prueba de cargo más sólida que existe en la causa. El tribunal de la sección tercera decidió suspender la vista para resolver la cuestión antes de decidir. La respuesta ha sido clara: las escuchas son legales, son válidas y se mantienen como prueba esencial de la causa en la que el ministerio fiscal pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación profesional. Para el vigilante de seguridad, al que considera cómplice de los hechos, nueve meses de prisión y siete de inhabilitación profesional.
La Audiencia no ha estimado las dudas legales que sobre las escuchas, autorizadas por un juez en el marco de la investigación sobre drogas en la que está implicado Palomo, plantearon las defensas de los imputados. Resalta en su fallo que tuvieron tiempo de hacer notar sus dudas, y no lo hicieron.Las defensas de los acusados trasladaron al tribunal la insuficiente protección jurídica que existe en materia de intervención de comunicaciones privadas, la disparidad de sentencias e incluso la diferencia que, a su juicio, existe entre una intervención telefónica y la grabación de conversaciones en un espacio cerrado en el que además entraban más personas de las que estaban siendo investigadas. Pero la Audiencia ha sido contundente. Según la argumentación recogida en los diez folios del auto, es equiparable una conversación telefónica privada a las que puedan sucederse en un habitáculo cerrado, siempre que la intervención se produzca con la debida autorización judicial.
Las defensas de los guardias civiles Palomo y Cano quisieron además que no se admitieran las nuevas peticiones de diligencias, básicamente solicitud de declaraciones, por entender que se producía indefensión. El tribunal rechaza cualquier insinuación de "indefensión". De entrada, al argumento de los letrados de que la causa "estuvo secreta" responde que esa condición sólo la tuvo durante un mes y los letrados no acudieron durante los meses que transcurrieron hasta que se dictó auto de incoación de procedimiento abreviado. El tribunal legitima las peticiones realizadas por el fiscal en el momento de iniciarse el juicio suspendido y considera que las grabaciones que recogen las conversaciones de la causa han estado "perfectamente amparadas por la fe pública"
Fue el 26 de enero de 2008, en un hipermercado de Alcampo. El puesto de Tavernes Blanques recibe una llamada por un supuesto hurto. El detenido era un cubano, sin papeles, de más de 40 años, que no tenía en su poder nada ajeno. Al lugar llegó un vehículo oficial pero sin distintivo de la Guardia Civil. En él, Carlos Augusto Palomo y Antonio Cano.
Según las grabaciones, y el escrito de acusación del fiscal, junto con el vigilante de seguridad, los guardias civiles detuvieron al inmigrante, le metieron en el asiento de atrás. "¿Dónde pollas está la cartera? Me vas a decir dónde está, te cojo de la patilla". Es lo primero que se escucha decir al cabo Palomo. El ciudadano cubano, Raúl D., se queja y llora. Instantes después, el guardia Cano dice: "En la nuca, dentro de dos minutos te doy. En el barranco, para". Se oyen golpes y a Raúl D. gritar y suplicar. Lo amenazaron, lo hicieron bailar salsa para humillarlo, le pegaron. Raúl D. creyó que lo mataban. Por miedo no acudió a un hospital hasta cinco días después.
La empresa se reunirá con el trabajador cuando cierre el concurso de servicios
vitoria. El escolta privado de Vitoria que, desde hace diecinueve días se encuentra en huelga de hambre como forma de protesta contra su empresa por no poder acceder a una reducción de jornada laboral, aseguró ayer que la firma vitoriana le ha pedido tiempo para sentarse a hablar con él, el necesario hasta que cierre el concurso del Gobierno Vasco con los servicios adjudicados a la empresa de seguridad. "El problema es que llevo casi 20 días de huelga y el convenio puede cerrarse tanto mañana como en octubre", ha explicado el trabajador.
El escolta ha explicado en diversas ocasiones que reclama un recorte tanto en sus horas de trabajo como en su salario de forma proporcional para poder pasar algún tiempo con su hija pequeña, ya que sus jornadas laborales rondan habitualmente las diecisiete horas de media, por lo que exige a su empresa que actúe "de buena fe" como ordenaron los jueces, y le recoloque en un servicio "que se adapte en la medida de lo posible a la vida de su hija".
Aunque el juez desestimó su petición de disminuir el horario de su jornada, "por las peculiares condiciones del trabajo", el magistrado pidió a la empresa que se guiara "por el principio de buena fe" a la hora de organizar los servicios. En este sentido, el empleado explicó al comité de empresa que aceptaría la propuesta de trabajar 15 días al mes en lugar de los 17 actuales, en el caso de que Sabico actúe de buena fe y le adjudique un servicio más tranquilo que el que tiene actualmente en Vitoria.
Hace dos días el escolta se reunió con su comité de empresa para intentar solucionar el problema, ya que, según el empleado, la firma no quiere comunicarse directamente con él, "para hablar cara a cara como personas que somos", sino por medio de intermediarios. De hecho, ayer el comité de empresa se sentó junto a la empresa Sabico para intentar acercar posturas. Sin embargo, la negociación no se ha cerrado y la firma vitoriana pide tiempo al escolta.
Por otra parte, Raúl sigue sin recibir respuesta de las instituciones con las que se comunicó, como el Ministerio de Igualdad en Madrid y de los departamentos vascos de Asuntos Sociales e Interior.
3 Septiembre 10 - S. D. C
Mientras el Gobierno exige sacrificio ante los recortes, UGT y CC OO recibirán este año 242 millones de euros de dinero público
Falta menos de un mes para la huelga general convocada por los sindicatos con la que pretenden mostrar su desacuerdo con la gestión del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos protestan contra la reforma laboral y por los recortes sociales, pero sin embargo no parecen tener ningún problema en recibir subvenciones y ayudas millonarias, que podrían ser utilizadas para mitigar en parte la magnitud del recorte a los derechos sociales que tanto defienden. A pesar de la crisis, los recortes no han llegado a las partidas que perciben estos. Mientras el Gobierno exige el sacrificio de los funcionarios, los pensionistas y los dependientes, CC OO y UGT recibirán en 2010 unos 242 millones, al tiempo que lanzan mensajes contradictorios para justificar la huelga, mientras cuidan sus intereses.
Este año percibirán unos veinte millones de euros por «actividades de carácter sindical», a lo que se suman otros 200 millones que reciben por parte del Estado para cursos de formación, además del dinero que perciben de las autonomías. El despilfarro del Ejecutivo no termina ahí, pues a principios del mes de agosto anunciaba otros 29 millones para los sindicatos, de los que UGT y CC OO recibirán 11,2 millones cada uno.
Dentro de estas enormes cantidades de dinero público que el Gobierno entrega a los dos sindicatos mayoritarios –y que éstos no rechazan, como sí que hacen algunas organizaciones minoritarias, que únicamente subsisten con la aportación de sus afiliados– se incluyen también los sueldos que perciben sus secretarios generales, muy por encima del salario medio en España. El propio Cándido Méndez, máximo responsable de UGT, reconoce que gana más de 2.500 euros netos mensuales.
Pero el coste que acarrean los sindicatos no es sólo para las arcas públicas. A esto hay que sumar los 57.000 liberados sindicales que hay en nuestro país y que suponen un coste para las empresas de 1.600 millones anuales.
Fuente: http://www.larazon.es/noticia/4869-toxo-y-mendez-siguen-jugando-a-la-huelga-pero-cobrando
Vitoria, 2 sep (EFE).- Raúl, el escolta privado que mantiene una huelga de hambre desde el 16 de agosto para pedir una reducción de jornada, ha pedido hoy a su empresa de seguridad, Sabico, que actúe "de buena fe", como han ordenado los jueces, y le recoloque en un servicio "que se adapte en la medida de lo posible a la vida de su hija".
En declaraciones a Efe, Raúl ha explicado que hace un año presentó una demanda judicial contra la empresa de seguridad privada para la que trabaja, Sabico, para exigir su derecho a reducir la jornada laboral en un octavo y en un horario de 09:30 a 16:00 horas para el cuidado de su hija.
El juez desestimó su petición "por las peculiares condiciones del trabajo del escolta, que hace prácticamente imposible atender el servicio mediante jornadas de horario prefijado" pero pidió a la empresa que, a la hora de hacer valer su poder de organización de los servicios, se guiara "por el principio de buena fe", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
En este sentido, el escolta en huelga de hambre, al que la empresa le ha ofrecido trabajar 15 días al mes en lugar de los 17 actuales, ha explicado que acepta dicha propuesta en el caso de que Sabico actúe de buena fe y le adjudique un servicio más tranquilo que el que tiene actualmente, en Vitoria, con jornadas de hasta 17 horas diarias.
Raúl ha considerado que la resolución de su caso es una cuestión de voluntad por parte de la empresa y ha asegurado que de los 50 servicios que tiene Sabico, el 30 por ciento de ellos le resolverían el problema.
Asimismo, se ha referido al hecho de que en determinados servicios se producen desplazamientos a otras comunidades autónomas, lo cual haría complicada su sustitución y supondría un coste añadido por la empresa, pero ha advertido de que existen servicios en los que no se produce esta circunstancia.
Además, ha asegurado que existe una sentencia que sí que ha reconocido el derecho a una madre escolta a alimentar a su hijo cuando éste lo requiera, en la cual sí que se aplicaron sustituciones cada cuatro horas.
Por otro lado, ha pedido al Gobierno Vasco que medie en su caso para que Sabico, que es una empresa subcontratada por el Ejecutivo, cumpla con las condiciones de ejecución del contrato y aplique medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Por otro lado, el escolta, que lamenta que hasta la fecha sólo ha recibido el apoyo de la Asociación de Vigilantes Vigías y de ningún otro sindicato, se reunirá esta tarde con el comité de empresa de Sabico, tras lo cual, mañana está previsto que el órgano de representación de los trabajadores se reúna con la empresa para estudiar el caso.
Raúl ha denunciado que la empresa "se enroca" en que tiene una sentencia ganada pero ha advertido de que eso "no es actuar de buena fe como dice la sentencia, hacia una persona que solicita una reducción de jornada para poder conciliar su vida laboral". EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=503708
D. Carlos Faubel Boix, Vigilante de Seguridad de Grupo G. evita un atrac
[Bancaja Burjassot-Concordia]
o en la sucursal bancaria de Bancaja de Burjassot
El pasado 2 de Julio, el Vigilante de Seguridad D. Carlos Faubel Boix, que prestaba servicio de vigilancia en la sucursal bancaria de la entidad Bancaja en Burjassot, se enfrentó a un individuo armado con un cuchillo que intentó cometer, sin conseguirlo, un delito de Robo con intimidación. Su actuación evito que se consumara el delito, recibiendo felicitación del Jefe Superior de Policia de Valencia D. Antonio Moreno Piquer.
La actuación del Vigilante de Seguridad de Grupo G. Carlos Faubel Boix, en la sucursal bancaria de la entidad Bancaja sita en Burjassot, donde prestaba servicio, evitó el atraco de la citada oficina.
Los hechos ocurrierón el pasado 2 de Julio, cuando a las 8'40H. mientras el Vigilante de Seguridad prestaba su servicio de vigilancia, observó un individuo deambulando por el interior de la oficina de forma muy nerviosa. Al coincidir con la apertura del banco, comenzo la entrada de clientes a la entidad, y trascurridos unos mitutos se escucharón fuertes gritos provinientes desde la cancela, momento en el cual el Vigilante observa como el sospechoso forcejeaba con la mujer de la limpieza y uno de los empleados de la sucursal intentando evitar que el individuo abriera la puerta de la cancela. Al ver esto, Carlos Faubel se dirigió con decisión hacia el atracador, el cual tras ver al Vigilante gritó "Abreme la puerta o te rajo" (refiriendose a la puerta de la cancela), sacando de la cintura un cuchillo de grandes dimensiones, el cual blandió varias veces contra el vigilante, esquivando este sus acometidas, hasta que tuvo la ocasión de extraer su defensa reglamentaria con la que hizo frente al individuo, evitando así el atraco a la sucursal bancaria.
Con motivo de esta destacada actuación, el Vigilante de Seguridad de Grupo G. D. Carlos Faubel Boix ha recibido con fecha 29 de Julio una felicitación por parte del Jefe Superior de Policia de Valencia D. Antonio Moreno Piquer.
[Fuente: Atestado Comisaría Burjassot]
Fuente: http://www.grupog.es/noticias/82-robo-oficina-bancaja.html
El fin del verano ha interrumpido cuatro meses de caídas del desempleo, sumando 61.083 parados más en agosto, y la Seguridad Social perdió 131.858 cotizantes. Si bien el pasado agosto fue en el que menos se deterioró el empleo de los últimos años. En este contexto, la reforma laboral sigue sin ayudar. Los contratos fijos incentivados (con despido de 33 días) pierden peso de forma acelerada por cuarto mes consecutivo.
Raquel Pascual - Madrid - 03/09/2010
La contratación indefinida sigue en caída libre y, en mayor medida, los contratos de fomento del empleo indefinido, que son aquellos con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. La reforma laboral, en vigor desde mediados de junio, amplió los colectivos a los que se pueden realizar estos contratos para incentivar su uso pero los empresarios hacen oídos sordos.
Ya en julio fue llamativa la caída mensual del 34% de este tipo de contratación, pero en agosto el descenso fue aún mayor, al registrar una diminución cercana al 40% en el mes, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo. Así, los contratos de fomento del empleo, que venían representando alrededor del 14% del total de indefinidos mes tras mes en el último año, precisamente desde que la reforma ha incentivado su uso ha pasado a representar el 9,8% en julio y el 8,6% en agosto.
Los responsables de Trabajo restan importancia a la falta de efectos de la reforma. "Hoy todavía no es posible evaluar su repercusión, en un periodo tan corto y además cambiante legislativamente (la aprobación definitiva del texto será el 9 de septiembre). Todas las reformas necesitan un tiempo mínimo de recorrido, asimilación y maduración", aseguraba ayer la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo.
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, era aún más tajante al sugerir que la reforma no puede dar resultados en agosto "porque en ese mes los únicos fijos que hay son las sustituciones jubilados".
En general desde Trabajo no sólo se mantiene la esperanza de mejoras con respecto a la reforma laboral, sino que extienden su optimismo a las perspectivas futuras del empleo. Como empieza a ser habitual con los datos del mercado laboral a primera vista las cifras son francamente descorazonadoras. Ahora bien un análisis más detallado aporta ciertos indicios de recuperación.
Así, en agosto el fin del verano interrumpió cuatro meses de descensos consecutivos de desempleo y sumó a las listas 61.083 parados más, con lo que el número total de desempleados vuelve a acercarse a los cuatro millones (3.969.661). Si bien, desde Trabajo destacan que agosto es un mes donde siempre sube el paro por el fin de la campaña estival (sólo el último día del mes se dieron de baja casi 300.000 cotizantes). Y aseguran que este deterioro es muy inferior al registrado en los dos agostos anteriores también afectados por la crisis.
Igualmente el registro de afiliación refleja una pérdida de 131.858 cotizantes en agosto, pero el dato desestacionalizado que es más fiable, sobre todo en verano, arroja un incremento de 55.400 afiliados. Granado insistió en que el agosto pasado "se parece mucho más a los agostos de los años con mucha creación de empleo que a uno en crisis". Es más, resaltó que la actual destrucción de empleo del 1,58% anual podría invertir su tendencia a fin de año. Trabajo espera que en septiembre u octubre el empleo femenino abandone las tasas negativas y no descarta que se cierre el año sin caída de la ocupación o incluso con una leve ganancia. "No sería una tragedia que esto ocurriera en febrero en lugar de en diciembre", dijo Granado.
Ayer a las seis y media de la mañana el hombre, que trabaja en la empresa de seguridad Prosegur, y estaba destacado, concretamente, en el pantano de La ...
Deja dos hijos y ella, que era viuda y vivía con él desde hace cinco años, otros tantos. La familia demandará a los propietarios del animal.
Vitoria, 31 ago (EFE).- Raúl, el escolta privado que desde el 15 de agosto está en huelga de hambre para reclamar una reducción de jornada, ha sido trasladado hoy a un hospital de Vitoria tras sufrir un desvanecimiento, donde está siendo observado por los médicos.
En declaraciones a Efe, Raúl ha explicado que esta mañana, tras acudir a su empresa, Sabico, para entregar el parte de baja, ha acudido a los juzgados de Vitoria para ampliar información sobre su caso y una vez dentro, ha sufrido un mareo y una indisposición y ha sido evacuado a un hospital en una ambulancia.
A las 18:30 horas todavía continuaba ingresado en un centro hospitalario en estado de observación, después de ser sometido a diversas pruebas para conocer su estado de salud.
El escolta lleva 17 días en huelga de hambre y según ha dicho a Efe está decidido a continuar con su protesta hasta el final.
Ha recordado que aunque la empresa accede a reducirle la jornada de 17 a 15 días para que pueda conciliar trabajo y familia, eso no satisface su petición porque si le mantiene en el destino actual, en Vitoria, su horario laboral puede seguir siendo el mismo que ahora e incluso más amplio, con lo cual, seguiría sin tener tiempo de estar con su hija de 3 años.
Ha admitido que hay una sentencia que da la razón a su empresa y que da por buena la solución de Sabico de reducirle la jornada a 15 días pero ha advertido de que si no hay buena fe por parte de su empresa, su problema no se va a resolver e incluso puede empeorar.
En este sentido, ha informado de que ha pedido por segunda vez una reducción de jornada y la empresa le ha contestado por escrito que le ofrece 15 días de trabajo al mes pero que no le cambia de destino.
Raúl ha apelado al sentimiento de "humanidad" de sus jefes para que se sensibilicen con su caso y accedan a trasladarle a un destino más tranquilo donde pueda tener un horario laboral que le permita conciliar trabajo y familia. EFE
Fuente: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=501157
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